Desaparición

El juez archiva el 'caso Yéremi Vargas' por autor desconocido

Desmonta las tesis de la Guardia Civil al considerar que no existen pruebas para acusar a 'El Rubio'

28.10.2017 | 09:33
´El Rubio´ era el principal sospechoso de la desaparición.

El juez Juan Manuel Hermo Costoya desmontó este viernes las tesis de la Guardia Civil que apuntaban a Antonio Ojeda Bordón, conocido como Juan El Rubio, como sospechoso de la desaparición de Yéremi Vargas. Y apremia a la Unidad Central Operativa del instituto armado para que continúe con la investigación de los hechos que lleven a descubrir quién secuestró al pequeño.

Por su parte, la familia de Yéremi Vargas, a través del abuelo del niño, José Suárez Castellano, dejó claro su rechazo total al auto dictado por el juez, al existir, a juicio de los familiares, "suficientes y clarísimas pruebas" que culpabilizan a Juan El Rubio de la desaparición del menor, hace ya diez años. "El juez no quiere ver las pruebas que existen. Son excusas", afirmó José Suárez, quien señaló también que se plantean recurrir el auto que "para" el caso Yéremi.

El titular del citado juzgado estimó en el auto que los indicios recopilados hasta ahora sobre la desaparición del niño, ocurrida el 10 de marzo de 2007, en un solar justo al lado de la casa de sus abuelos, "no permiten mantener un proceso penal formal contra el hasta ahora principal sospechoso de su desaparición".

El auto judicial detalla a lo largo de 45 folios los argumentos por los que el juez toma su decisión, además de añadir una cronología sobre la investigación de los diez años que lleva desaparecido Yéremi Vargas.

Para el juez, "no existen en este momento medios de prueba, siquiera indiciarios, que de un modo objetivo y razonable permitan dirigir la causa contra una persona o personas indeterminadas".

Sin embargo, el juez deja la puerta abierta para que la familia pueda recurrir ante la Audiencia de Las Palmas. Respecto al modo de impugnación, señaló que sea mediante "la interposición de un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación dentro de los tres días siguiente a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación".

Sobre el principal sospechoso de la desaparición, Antonio Ojeda Bordón, el juez argumenta que "los motivos que inicialmente llevaron a su imputación no dejan de ser meras afirmaciones y valoraciones subjetivas de los miembros del equipo de investigación, ya esgrimidas para la investigación de sujetos en idénticos y similares términos, que, inicialmente, motivaron la declaración como investigado" y que "no se confirmaron tras la práctica de las diligencias de investigación oportunas".

También dejó sin efecto la diligencia de "obtención de muestras biológicas de ADN del investigado".

En el auto resaltó la "omisión de valoraciones subjetivas imposibles deconstrastar o verificar que además ponen en riesgo de atender los principios fundamentales como la presunción de inocencia".

Por ello, el instructor concluye en su auto que "no existe ningún indicio de la participación de Antonio Ojeda ni de ninguna otra persona en la desaparición investigada", de ahí que haya de acordarse "el sobreseimiento provisional y archivo de la causa".

El magistrado advirió en su escrito de que "la Guardia Civil ha de cumplir con su obligación y continuar con la investigación de los hechos hasta su completo esclarecimiento si fuese posible, para lo que, si existe alguna duda, se libra la oportuna orden, tras su manifestación en la que, faltando a la verdad en la narración de múltiples hechos, manifiestan que no llevarán a cabo diligencias de investigación que no sean las ordenadas por el juez".

El instructor recalca en el auto que la tarea de investigar delitos y realizar las averiguaciones oportunas corresponde a la Policía Judicial y añadió que "si los agentes encargados desean desistir de tal función habrán de comunicarlo a sus superiores a los efectos oportunos, para que sean otros agentes quienes continúen con la investigación de los hechos".

En su opinión, existen aspectos, como la amenaza recibida por el padre de Yéremi Vargas que, diez años después, sigue sin aclararse y que "él mismo atribuye a la madre o a alguien de su entorno y ésta lo niega".

De la misma manera, indica el auto que de las primeras entrevistas a los familiares hubo "contradicciones" y "ocultación de información", que "limitaban enormente la actuación del órgano instructor".

En este detallado auto, también recordó las primeras actuaciones de los investigadores de la Policía Judicial a partir del día 13 de marzo de 2007, que fue cuando se presentó en Vecindario dicha denuncia por parte del abuelo. La investigación se centró en entrevistas "próximas al menor, a su familia y al lugar de la desaparición".

El 15 de marzo, la Policía Judicial hizo referencia a "diversas llamadas en solicitud de un rescate por el menor dirigidas a su familia, que el equipo [de la Guardia Civil] consideró que se trataba de una broma de muy mal gusto".

El 21 de marzo, se incorpora la declaración de varias personas, como la de la madre del desaparecido, Ithaisa Suárez Santana. "En este oficio se contiene una mención importante, como que uno de los menores primos del desaparecido hace referencia a un encuentro y a un vehículo determinado. No se explicará el motivo de decaer esa línea de investigación".

Después, el día 23, se añadió la declaración de una testigo, Lidia Trujillo González, en relación "a un coche no conocido en el barrio -El Canario-, que es de modelo Opel Corsa". Continúa la investigación y las intervenciones telefónicas. El 3 de abril se notifica que se investiga al padre del menor, quien recibió "un mensaje amenazante, previo a la desaparición de Yéremi".

En el atestado de la Policía Judicial del 17 de abril se señaló que se realizaron batidas en sitios cercanos al lugar de donde desapareció, con perros adiestrados y con medios aéreos. "En ningún momento se dice en el informe, ni se identifica que se haya revisado cámaras de seguridad, de qué establecimientos o en qué ubicación se encontrarían éstas, ni se aporta copia alguna de tales grabaciones", indicó el auto.

En dicho auto, el juez puntualiza que la Policía Judicial mencionó, de las declaraciones de distintas personas, que "de ninguna se desprende datos que coincidan con la descripción del coche de Antonio Ojeda, ni con sus características físicas la fecha de los hechos".

La investigación continúa y da nuevos giros. En noviembre de 2007 se investigará en relación a dos individuos británicos por ser supuestos delincuentes sexuales.

Luego, las supuestas manifestaciones de Juan El Rubio en 2016 a un preso en las prisiones de El Puerto de Santa María y Algeciras, lo vuelven a implicar en la supuesta desaparición. También hubo la declaración de un interno de Juan Grande que decía que el sospechoso se vino abajo y le confesó" su autoría respecto a Yéremi, el mismo día que Antonio Ojeda fue condenado a cinco años de cárcel, condena que aún cumple, por la agresión sexual a un menor.

Consternación


En relación a la familia de Yéremi Vargas, el abuelo del niño, José Suárez, se mostró consternado por la decisión del juez. Él acompañó a las nueve de la mañana de este viernes a su hija, Ithaisa Suárez, a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para la entrega del auto a la madre del menor, así como al padre, su exyerno, Juan Francisco Vargas. "Mi hija salió de allí mal, muy afectada", explicó José Suárez, quien añadió que ella optó "por ir a trabajar después, en Meloneras, pero fue hecha polvo" por esta decisión del juez.

El abuelo criticó que Juan Manuel Hermo Costoya instara en su auto a la Guardia Civil que siguiera investigando en relación a la desaparición de su nieto. "Sí, dice que la investigación continúe, pero no lo entiendo porque el autor está en la cárcel [Antonio Ojeda, conocido como Juan El Rubio]. El juez dice que no hay suficientes pruebas, pero el encarcelado, ha dicho que es el autor de los hechos", señaló ayer el abuelo delante de su casa y junto al solar donde desapareció Yéremi.

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