Lío a la vista en el deporte español y malagueño. El Gobierno pretende regularizar a todo trabajador, monitor, entrenador o deportista de cualquier club que reciba una remuneración periódica por su labor. Tras una reunión llevada a cabo el miércoles en el IAD de Carranque se informó a todos los clubes de la provincia que a partir del 3 de noviembre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social va a comenzar una ronda de inspecciones para comenzar a sancionar a todos los equipos que no tengan dado de alta a sus «empleados».

La intención del Gobierno que dirige Mariano Rajoy es que todo aquel reciba una contraprestación por el desarrollo de su trabajo dentro de un club deportivo rinda cuentas al fisco. Lo que convierte a dichas entidades, sin ánimo de lucro por sus pocos ingresos, en empresas.

La medida no puede llegar en un momento más inoportuno. Si esto acaba realizándose como se pretende obligaría a entrenadores o simples operarios de un club, que reciben a lo sumo unos 80 ó 100 euros al mes para cubrir sus gastos, a declararlos y por lo tanto a bajar ese «sueldo» para que pueda ser viable para las entidades. Además, esto obligaría a clubes sin potencial económico alguno en los tiempos que corren a contratar asesores económicos que le lleven el tema. Algo difícilmente pensable y viable tal y cómo están las cosas en el deporte más modesto.

Otra de las consecuencias que podría suponer esta precipitada medida es que muchos niños y niñas tendrían que renunciar a la práctica del deporte. Por ejemplo, muchos clubes tendrían que subir sus cuotas a los chavales para compensar los gastos que supondría dar de alta a todos sus colaboradores. Las familias que no pudieran asumir el gasto, quedarían excluidas. Una auténtica locura.

Además, esta normativa no puede llegar en un momento más delicado. La mayoría de los clubes, no sólo de fútbol, sino de otros deportes que aún cuentan con más dificultades, lo están pasando realmente mal para cuadrar sus cuentas y seguir adelante. El esfuerzo de sus dirigentes y las cuotas que pagan los padres de los niños y niñas mantienen vivos a la mayoría de los clubes del deporte base malagueño y nacional.

Desde algunos sectores ya empiezan a ver esta medida como una acción electoralista a poco más de una año de las Elecciones Generales, que tendrán lugar en noviembre de 2015. La consecución de este plan que plantea el Gobierno español supondría la suma de muchos trabajadores a la Seguridad Social, el consecuente descenso del paro y un ingreso extra para las arcar de país.

Algunos de los dirigentes de las entidades deportivas malagueñas y representantes de las federaciones deportivas atendieron ayer a La Opinión y mostraron su malestar con esta propuesta.

Todos coinciden en que se trata de una medida precipitada y sin consenso con las federaciones y clubes, que supondría para estos tiempos un grave contratiempo, en algunos casos, insalvable.

Por otro lado, apuntan a que no es una mala idea intentar regularizar todo el deporte base, pero siempre y cuando se cree una normativa especial para este tipo de trabajadores como ya se ha hecho con otros gremios en otras ocasiones. «Lo que pedimos en la reunión es una tipificación oficial, como en su día con las empleadas del hogar, para dar tiempo a los clubes», señala Ricardo Bandrés, delegado de la Federación Malagueña de Baloncesto.

«Creo que es un error y es buscar donde no hay. Es el peor momento para plantearlo», afirma Raúl Romero, delegado de la Federación Andaluza de Balonmano.