Turismo

La Costa del Sol vuelve a la carga contra el alquiler clandestino y exige a la Junta un plan urgente

La proliferación de la oferta ilegal de apartamentos preocupa a empresarios y sindicatos, que instan al nuevo consejero a retomar con urgencia el proyecto de ley

11.07.2015 | 18:23
Turistas en un alojamiento situado en la capital malagueña.

CCOO demanda más inspectores y los hoteleros reclaman que se les obligue a asumir exigencias sanitarias y fiscales.

Miles de plazas, la mayoría situadas sibilinamente al margen de la ley; otras, las menos, atrapadas en un limbo jurídico. La Costa del Sol arranca el verano con fuerza, convencida de su poder de imantación, pero sin dar respuesta a uno de sus mayores quebraderos de cabeza, el de los apartamentos ilegales. La llamada oferta clandestina continúa multiplicándose frente al rechazo y la estupefacción de empresarios y sindicatos, que exigen a la administración que vuelva a ponerse las pilas y retome con urgencia el proyecto normativo, paralizado durante meses por los cambios de gobierno y el periodo de interinidad de la Junta de Andalucía.

Aunque resulta difícil cuantificar el número de camas y arrendamientos piratas que existen en la provincia, los cálculos de los principales agentes del sector avanzan por umbrales realmente preocupantes. Gonzalo Fuentes, de CCOO, habla de más de 50.000 plazas y Francisco Moro, de la patronal hotelera, alude a una cifra que en la capital podría representar ya el doble de la suma de los establecimientos reglados. Todo un festín comercial operando sin control y haciendo caso omiso a cualquier tipo de impuesto. La Costa del Sol, una de las zonas turísticas más desbordadas por el problema, está harta de ponerse la venda sobre los ojos e instiga esta vez con rotundidad. El nuevo consejero, Francisco Javier Fernández, que tomó posesión de su cargo el pasado 18 de junio, tiene ya una petición no demorable sobre la mesa: acelerar la regulación de los alquileres, que quedó interrumpida en plena gestación y muy cerca del consenso definitivo.

Con la nueva norma, impulsada en plena alianza del bipartito, la Junta pretende sacar a la luz la oferta clandestina y acotar las reglas del juego de una actividad que ha crecido desordenadamente y con una propulsión de vértigo. Sobre todo, en los últimos años, cuando la modalidad de los apartamentos –también en su vertiente legal– se ha disparado en la provincia.

Las armas con las que intenta dotarse el sector con la nueva ley incluyen un catálogo obligatorio de inscripción para el desempeño del comercio turístico y el establecimiento de pautas insoslayables en cuanto a pago de impuestos y mantenimiento. Este último punto, precisamente, fue el que generó más disensión entre los hoteleros, que formaron parte del grupo consultado por la Junta para la elaboración del borrador. Francisco Moro resume su postura: «Lo que queremos es que todos compitamos en igualdad de condiciones y eso implica atender a exigencias sanitarias, laborales y de servicios», indica.

Para Gonzalo Fuentes, el control de los apartamentos clandestinos representa una tarea que debería implicar a todos, incluidos los ayuntamientos y las fuerzas de orden público. El sindicalista insiste en que no sólo está en juego la continuidad de una competencia pirata y, por lo tanto, injusta, sino también el prestigio de la propia industria turística. Sin marco legal que los incluya, los arrendamientos tienen lugar en un espacio libre de obligaciones y de garantías. Incluidas las más elementales, como es el servicio que se ofrece al cliente. «El turista está desamparado porque al no haber contrato legal no podría protestar en caso de incumplimiento», indica.

El dirigente sindical tiene muy claro que, además de la ley, hace falta y con carácter inminente aumentar la vigilancia. Se necesitan, detalla, más inspectores, tanto en lo que se refiere al fraude laboral como al conjunto de la economía sumergida. Los datos parecen darle la razón. En plena crisis, y con las arcas públicas palideciendo, Andalucía, al igual que la mayoría de las comunidades, se permite el lujo de dejar escapar el rendimiento de una actividad que empieza a dejar grandes cantidades de dinero. Nada más que en la Costa del Sol, según datos de Gestha, el alquiler pirata de apartamentos mueve al año alrededor de 100 millones de euros. «Es una cuestión de voluntad. Hay que hacerlo y pronto», puntualiza.

La rápida expansión del negocio de los arrendamientos clandestinos responde a los cambios sucedidos en los últimos años en el mercado inmobiliario. Con el colapso del ladrillo, muchos han visto en la fórmula del veraneo una alternativa para sacar dinero a propiedades paralizadas o contribuir a hacer frente a los gastos de la hipoteca. La necesidad de poner orden el sector se aprecia también en positivo; los propios gestores y propietarios de apartamentos reglados demandan que se actúe para frenar la competencia clandestina. Y más en un momento en el que este tipo de establecimientos se han puesto de moda, con más de un 60 por ciento de crecimiento en puntos de especial atracción como la capital de la provincia.

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