Oferta de alojamientos

La Junta regulará las viviendas turísticas antes del reinicio de la temporada alta

El Gobierno andaluz se compromete a culminar el proceso en los próximos meses y a que la nueva ley pueda ser aplicada antes del verano – El Ayuntamiento de Málaga convoca una mesa de trabajo e informa a Hacienda

23.09.2015 | 05:00
Turistas en uno de los alojamientos que componen la oferta de la capital.

Los datos en Málaga

  • Una oferta que triplica la reglada
    Según Exceltur, en la ciudad de Málaga se gestionan más de 28.000 plazas de alojamiento pertenecientes a viviendas de vacaciones. Se trata de una oferta tres veces superior a la reglada.
  • Auge de los apartamentos
    El crecimiento de las viviendas alegales ha coincidido con el auge de los establecimientos alternativos a los hoteles. En la última década, las camas de apartamentos se han elevado un 67 por ciento.
  • Unos 100 millones anuales
    El dinero que genera el sector se calcula en magnitudes que engordan la economía que discurre al margen de los cauces formales. Según Gestha, las viviendas mueven 100 millones.
  • Gasto de 120 euros por persona y día
    El cliente de apartamentos y viviendas de vacaciones se ha convertido en un turista muy apetitoso para la industria, que busca darle de alta a través de la Junta. Su gasto está en 120 euros por persona y día.
  • Liderazgo para la Costa del Sol
    Según el portal Vacaciones-España.es, la Costa del Sol, con Marbella y Estepona en primera línea, es uno de los destinos más demandados por los turistas que se decantan por las viviendas turísticas.

­Sindicatos, hoteleros y administraciones coinciden: ha sido, incluso, en un año pródigo, el mayor obstáculo del sector turístico. Las viviendas vacacionales, florecidas al margen de la legislación, que ni las niega ni ampara, llevan meses sacando de quicio al resto de la oferta de la Costa del Sol. En primer lugar, porque, con la caída del ladrillo, han experimentado un auténtico esplendor, y, por otro lado, porque se sitúan en un limbo jurídico, sin la necesidad de atender a las obligaciones tributarias que determinan el crecimiento de los apartamentos y establecimientos dados de alta.

Los empresarios aseguran que este tipo de modalidad de alojamiento les está causando un gran perjuicio. Y se unen al coro de voces, entre las que también restalla la de Apartsur, la asociación que engloba a las viviendas, que aspira a que retornen a la superficie, que piden a la Junta que acelere en su intención de poner orden con un decreto que regule la actividad. Un proyecto que, en la etapa del bipartito, llegó, incluso, a contar con un borrador, pero que acumula meses de retraso por las dificultades en atar intereses y los meses de interinidad en el gobierno de la administración autonómica.

Según manifestó ayer Monsalud Bautista, la nueva delegada de Turismo y Deporte, el problema, sin embargo, tiene ya la solución prevista en el horizonte. Después de más de un año de espera, el Gobierno andaluz está convencido de que no habrá otro verano con reglas del juego diferentes. La norma, indica, estará lista y en funcionamiento antes del comienzo de la próxima temporada alta. Y con las garantías que reclaman las partes.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Málaga –una de las ciudades presumiblemente más afectadas– parece decidido a tratar de minimizar el daño y romper con la pasividad frente al galimatías que afecta al sector desde 2013, cuando el Gobierno, en la modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano, dejó el enredo en manos de las comunidades. Con el respaldo de una moción firmada la pasada primavera por el conjunto de los grupos políticos, el Consistorio se ha puesto manos a la obra. El próximo 1 de octubre, el área de Turismo ha programado una reunión de trabajo en la que participarán representantes de la Junta, de las propias viviendas turísticas, de la Subdelegación del Gobierno y de un nutrido grupo de asociaciones entre las que figuran también los colectivos de consumidores. Una estrategia a la que se une el compromiso de notificar regularmente a Hacienda cualquier informativa relativa a la existencia de este tipo de viviendas.

El Ayuntamiento hace suyo parte del discurso de CCOO y Aehcos, que insisten en que la anomia en la que se desenvuelve el alquiler de viviendas turísticas no sólo supone la admisión de un régimen de competencia desleal, sino también una amenaza general para la imagen de la Costa del Sol y para el conjunto de la industria. Al no funcionar al socaire de ninguna legislación –razona Gonzalo Fuentes, responsable turístico del sindicato– los clientes pierden todo tipo de protección y se alimenta una vez más a la economía sumergida.

Por su parte, los propios alojamientos, con Apartsur a la cabeza, insisten en que son los más interesados en que el puzle se resuelva y se configure un marco que regule su aportación y su actividad comercial. Entre otros aspectos, para evitar que el destino se abarate y se genere una guerra de precios.

Las soluciones incluidas en el borrador de la Junta pasaban por la creación de un registro de empresas turísticas y por el establecimiento de pautas de obligado cumplimiento para las empresas que quieran darse de alta y legalizar su arrendamiento. Los hoteleros, con los que no se llegó a un acuerdo final, piden, además, la persecución de los intermediarios –web y plataformas de publicidad, fundamentalmente– y la creación de requisitos comunes. Para Apartsur, el texto precisa de una nueva vuelta de tuerca que obedezca menos a «intereses particulares» y tenga más en cuenta la naturaleza de este tipo de hospedaje. Una vez que entre en vigor el decreto, su aplicación dependerá del trabajo de los inspectores, que es lo que demanda CCOO. De momento, a la opacidad aún le restan, por desgracia, unos cuantos meses.

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