Alojamientos

La vivienda turística se rebela y pide a la Junta un trato especial para el sector

La asociación Apartsur, de ámbito autonómico, reclama que el decreto que se prepara en Andalucía incluya exigencias y cláusulas específicas y diferenciadas para este tipo de alojamientos

16.11.2015 | 05:00
Turistas disfrutan de su estancia en una terraza de un hotel de Málaga.

Cuatro claves para un negocio en alza

  • Liderazgo andaluz y falta de un registro riguroso. La falta de una normativa que ampare esta fórmula de alojamiento, que se rige actualmente por la norma general, impide saber cuántos pisos están habilitados para uso turístico en la comunidad. De acuerdo con Vacaciones-España.es, Andalucía, con Málaga como punta de lanza, representa casi la mitad de la oferta.
  • Casi la mitad apuesta por contratar a trabajadores. Según un reciente estudio elaborado por Esade con el patrocinio de Fevitur, la federación nacional que engloba al sector, el 46 por ciento de los gestores de viviendas turísticas tienen a una o varias personas contratadas para el mantenimiento o limpieza de las instalaciones. Además, 3 de cada 4 propietarios realizan reformas antes de lanzarse al negocio. El 68 por ciento fija la relación con el cliente mediante contrato
  • Réplica y contrarréplica al asunto de la fiscalidad. El sector hotelero insiste en que este tipo de hospedaje presume una competencia desleal en la medida de que se trata de un negocio no inscrito en la ley y desprovisto de las exigencias fiscales que atañen al resto de la dinámica empresarial. Apartsur rechaza este punto y asegura que los gestores están obligados a declarar sus ingresos.
  • Turistas generosos con la industria complementaria. El trabajo asevera que la mayoría del presupuesto de viaje de los turistas de viviendas vacacionales se destina a la industria complementaria. De media, cada turista se deja 726 euros, de los cuales sólo 249 se emplean en el alojamiento.

El colectivo asegura que un planteamiento conjunto y ajeno a la realidad del negocio pondría fin a una actividad en crecimiento y espantaría la inversión

Funcionan, en la mayoría de los casos de manera tan inapelable como involuntaria, en las fronteras de la legislación. En la última década, con permiso de la consolidación de las aerolíneas de bajo coste, se han convertido en el fenómeno de mayor proyección de la industria turística. La Costa del Sol, casi siempre en el corazón de los cambios, no ha sido ajena a la evolución. Aunque no existe un registro oficial, a nadie se le escapa la acelerada puesta a punto en apenas un puñado de años de la oferta de viviendas vacacionales en la provincia, donde inversores, empresarios y hasta particulares han visto en el alquiler de residencias a turistas una manera de hacer negocio y burlar a la crisis.

La práctica, por no estar clarificada por la ley, ha sacudido de lleno el debate en el sector. Los hoteleros hablan de competencia desleal y exigen la rápida intervención de la Junta de Andalucía, cuyo decreto específico, aún en trámite, quedó empantanado durante meses tras la ruptura del pacto del bipartito y la convocatoria de elecciones. Una demanda que comparten con los propios empresarios protagonistas, que están ávidos por operar dentro de un marco delimitado y de garantías, si bien no a cualquier precio.

Carlos Pérez-Lanzac y Kaajal Mansukhani, secretario y vocal de Apartsur, el colectivo que agrupa a los arrendadores en la región, insisten en que el borrador que prepara la Junta, que implica, en su elaboración, a buena parte de los agentes turísticos, debe tener muy clara la singularidad de cada una de las modalidades de alojamiento que están sin regular. En este sentido, apuntan a las diferencias entre los apartamentos y las viviendas vacacionales, para las que piden un estatuto específico, acorde con el sentido y la naturaleza de la actividad. Los representantes del colectivo, a los que se une Jannich Petersen, del portal Vacaciones-España.es, entienden que una norma laxa o generalista supondría, en la práctica, la salida automática del mercado de alrededor del 90 por ciento de las referencias que componen la oferta actual. Y advierten a la Junta de que no afinar con el planteamiento significaría dejar a la comunidad fuera de un tren que ha empezado a carburar con sobrada suficiencia y aportando números cada vez más gruesos para la economía.

Apartsur pone el ejemplo de Cataluña, que ha cerrado el puzzle con una norma sensible con la condición residencial de las viviendas vacacionales, que se dirigen, insisten, a un público mayoritariamente extranjero y cuyo máximo objetivo es experimentar una estancia lo más parecida posible a la vida habitual que respira la ciudad. En la correcta legislación del sector va implícito el futuro de un fenómeno de escala internacional que puntúa ya como tendencia y en el que se mueve un volumen nada despreciable de intereses, con promotores y particulares esperando turno para poner en marcha sus planes de negocio y expansión. En este punto, la asociación reivindica el protagonismo de este tipo de alojamientos en el nuevo periodo de esplendor que atraviesa la industria turística. El viajero que opta por las viviendas vacacionales, de perfil familiar, gasta la mayoría de su presupuesto en servicios complementarios como la restauración, con un gasto por reserva que supera los 1.654 euros en este apartado. El colectivo cree que un decreto poco satisfactorio reanimaría los fantasmas de la indeterminación urbanística y provocaría la salida hacia otros destinos de todos los inversores que aguardan el paso adelante de la administración para hacer efectiva su compra. «Es un sector que afecta también al turismo residencial. Son muchos los extranjeros que compran villas para arrendarlas», y que sin esa opción se echarían atrás», precisa Pérez-Lanzac. Para Apartsur la regulación del sector presupone la mejor vía para garantizar la calidad de la oferta y frenar el intrusismo.

La amenaza del PEPRI: el otro gran reto. Aunque constituye el frente más sustancioso, la negociación con la Junta de Andalucía y la elaboración del decreto destinado a regular al sector no es la única batalla que apremia a los empresarios dedicados a la vivienda vacacional. A pequeña escala, la legislación municipal también amenaza a la supervivencia del sector. Especialmente, en puntos como la ciudad de Málaga, donde este tipo de alojamientos están en plena floración. La asociación Apartsur alerta en este sentido del daño que puede causar el planteamiento que inspira la futura reforma del Plan Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del centro histórico, que, en su diseño inicial, únicamente garantiza la subsistencia de las viviendas vacacionales integradas en edificios consagrados en exclusiva a esa función. De prosperar el actual esbozo, la mayoría de las referencias se verían abocadas a cesar su actividad.

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