El Mundial se aleja de Málaga... y de España

Se supone que en términos políticos España no es Zimbabue. La democracia española, al menos en teoría, dista de la coyuntura social que pueda disfrutarse en Chad, Kenia, Trinidad y Tobago, o incluso en Guatemala o Perú. Teóricamente, los derechos y libertades adquiridos en este rincón del Viejo Continente debieran garantizar igualdad de oportunidades. Pero parece que a los ojos de la FIFA la distancia entre la gestión del balompié en suelo español no difiere lo más mínimo de malas prácticas que en los últimos años han forzado sanciones en todos esos países.

En cuestión de dos semanas, justo desde la última vez que hablábamos de los obstáculos que separan a La Rosaleda de volver a convertirse, allá por 2030, en estadio mundialista, las cosas han empezado a pintar aún mucho peor. Nos referíamos en aquel momento a los sucesivos escándalos de corrupción que han empezado a ensombrecer la candidatura española (de momento compartida con Portugal y Marruecos).

Pero como no nos encomendemos a San Pedro Mártir, el santo natural de Verona cuya onomástica se celebra este 29 de abril, nos tememos que el desastre puede ser aún más grave de lo que pensábamos. Porque como han destacado rotativos nacionales como Marca durante los últimos días, tanto la FIFA como la UEFA tienen sobre la mesa la posibilidad de sancionar en mayo al fútbol español en su conjunto.

Y todo porque las máximas instituciones del fútbol mundial y europeo sostienen que el Gobierno español, a través del Consejo Superior de Deportes, habría podido incurrir en una injerencia política del calibre de las que han padecido otras federaciones deportivas en países como Chad, Zimbabue o Kenia, tal y como decíamos al principio. La gota que ha podido colmar el vaso sería la más que probable sanción al recién elegido presidente de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha.

¿Imaginan que España ni siquiera puede disputar este próximo verano la Eurocopa de Alemania? Pues sería la antesala a una serie de sanciones que podrían salpicar a los equipos españoles con derecho a jugar competiciones europeas o Mundiales de clubes, pero que culminaría con la imposibilidad de que en noviembre fuese ratificada la candidatura para organizar el Mundial 2030. Porque de momento la designación, a falta además de elegir las sedes oficiales, no es definitiva.

«La FIFA y la UEFA buscarán información adicional para evaluar en qué medida el nombramiento por parte del CSD de la llamada Comisión de Supervisión, Normalización y Representación puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias gubernamentales indebidas. No tenemos más comentarios que hacer en este momento», reza el comunicado publicado por el reseñado rotativo y que echa aún más tierra sobre la ilusión de ciudades como Málaga de albergar por segunda vez encuentros mundialistas en su principal estadio.

Primero los escándalos sobre la posible injerencia del FC Barcelona sobre el principal organismo que coordina a los árbitros, luego las sucesivas polémicas que se han saldado con acciones de la Guardia Civil, incluso lejos de España, al objeto de analizar la gestión del anterior presidente de la Federación Española de Fútbol, y ahora, qué decir en este momento. Que llueve sobre mojado, sí.

Lamentablemente, con el fútbol femenino español en lo más alto, con la ilusión de todo un país por volver a servir de escenario del mayor espectáculo televisado del deporte planetario, una supuesta injerencia política, de esas que sólo hemos visto hasta ahora en «repúblicas bananeras» o en países con limitaciones en derechos y libertades, puede dar al traste con todo.