11 de mayo de 2010
11.05.2010
Polémica

La Junta niega que haya trato de favor a unos etarras en fertilidad

El Gobierno andaluz responde a Esperanza Oña, que afirmaba estar "segura" de que recibían trato preferencial

10.05.2010 | 23:56

La Junta de Andalucía ha negado hoy que los etarras Fernando García Jodrá y Nerea Bengoa Ziarsolo, condenados por el asesinato del socialista Ernest Lluch, estén recibiendo un trato de favor en el tratamiento de fecundación in vitro al que se someten en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

La Junta ha reaccionado así a las declaraciones realizadas hoy por la portavoz del grupo parlamentario popular en Andalucía, Esperanza Oña, quien ha calificado de "vomitivo" un posible trato preferencial de estos dos presos, condenados además por los asesinatos de dos concejales del PP y de un guardia urbano.

La Delegación de Salud cordobesa apunta en un comunicado que esta pareja está siendo tratada en el Reina Sofía por una solicitud de Instituciones Penitenciarias, que es el organismo encargado de la atención sanitaria de la población reclusa.

Según indica la Junta, los etarras han seguido todos los cauces y plazos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía "y en ningún momento se ha prestado trato de favor alguno, ni se ha dado prioridad a su demanda ni se han acortado los plazos para un tratamiento de fecundación, tal y como ha insinuado -según el Gobierno regional- Esperanza Oña".

Para la Junta, la portavoz parlamentaria del PP-A "se ha movido en todo caso desde las especulaciones más tendenciosas sin comprobar siquiera los términos de esta atención".

Así, el Gobierno autonómico asegura que esta pareja ha aguardado en todo momento la lista de espera que hay en el hospital para la fecundación "in vitro".

Además, la Junta recuerda que esta atención se presta en virtud de un convenio marco de colaboración en materia penitenciaria entre la Junta de Andalucía y la administración central que se firmó en 1995, cuando gobernaba el PP.

No obstante, la Consejería de Salud quiere recordar que ni la administración autonómica, ni los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, pueden autorizar o negar la prestación asistencial solicitada para la población reclusa desde Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior y regulada por este convenio anteriormente citado y que es idéntico para el resto de las comunidades.

En este caso, como en el resto de antecedentes de España, la solicitud ha sido directamente derivada por Instituciones Penitenciarias, no teniendo competencias algunas la comunidad autónoma en este sentido, según establece la normativa vigente.

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