Gobierno y Junta, al borde del acuerdo del Guadalquivir

El Gobierno andaluz tenía ayer por delante una decisión difícil que, al cierre de esta edición, aún no se atrevía a cerrar: la solución definitiva para el Guadalquivir que ha propuesto el Gobierno central le resta a Andalucía la mayor parte de las competencias sobre el río y toda la financiación que le fue transferida para gestionar las políticas del agua. El acuerdo no fue ratificado ayer por la comisión bilateral, pero muy entrada la tarde, Gobierno y Junta coincidían en que se habían acercado posturas y que veían «viable» el pacto.

El plazo de la encomienda de gestión transitoria expira hoy, de modo que la comisión bilateral tendría que rubricar el acuerdo esta mañana antes del Consejo de Ministros. La última propuesta del Estado sobre el reparto de competencias del Guadalquivir llegó a los despachos de la Junta el miércoles. Según fuentes del Gobierno central, es «el máximo de cesión que permite la sentencia del Tribunal Constitucional»,y según la Junta, «no colma las expectativas» de la Junta.

Gobierno y Junta han vuelto a llegar al borde del plazo que se marcaron para cerrar este litigio, que dura ya seis meses y dos semanas. Pese a lo complejo de hallar con la fórmula definitiva, la dificultad de entendimiento no es técnica, sino política. «Andalucía valora el coste político de perder uno de los símbolos del Estatuto, pero eso no ha ocurrido ahora, a raíz de la comisión bilateral. Eso ocurrió cuando el Constitucional anuló las competencias exclusivas sobre el río».

En efecto, en las últimas horas el mensaje del Gobierno andaluz, mientras estudiaba detenidamente la propuesta del Estado, se repetía machaconamente: «No podemos aceptar cualquier cosa». Desde ambos flancos se insistía que la voluntad de acuerdo imperaría.

Andalucía se atribuyó las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir en la reforma del Estatuto, en 2007. Dos años después, el Constitucional anuló esa potestad, alegando que «rompía la unidad de la cuenca». Las políticas del agua que la Junta había gestionado hasta entonces quedaron en el aire y el Estado cedió a Andalucía la gestión temporal sobre el río hasta encontrar una solución definitiva.