17 de enero de 2012
17.01.2012
Para el 25-M

Arenas reta la prohibición legal y coloca a cinco alcaldes

Los socialistas acusan al PP de desafiar al Parlamento y los populares se escudan en que la ley se cambió sin consenso

17.01.2012 | 02:23

El Partido Popular de Andalucía suspendió ayer la presentación de sus números uno en las listas electorales que concurrirán el 25 de marzo. El acto, previsto en los jardines del Parlamento, se cayó de la agenda por la muerte de Manuel Fraga, pero igualmente las futuras candidaturas de los populares incendiaron la precampaña.

El motivo es que el líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha retado la reciente reforma legal aprobada en noviembre por los socialistas en el Parlamento andaluz que prohibe que los alcaldes sean diputados autonómicos. El líder de los populares ha ignorado esa prohibición y ha reservado a sus alcaldes con más tirón los puestos de salida en cinco de las ocho provincias andaluzas. Irá Juan Ignacio Zoido por Sevilla, José Antonio Nieto por Córdoba, Carlos Rojas por Granada –alcalde de Motril– y Esperanza Oña –alcaldesa de Fuengirola– por Málaga. Todos son alcaldes de capitales o grandes ciudades andaluzas, triunfadores en las pasadas municipales. La consigna: disputar las autonómicas como unas elecciones locales.

Javier Arenas repetirá por Almería, el gran feudo andaluz del PP, y Antonio Sanz irá por Cádiz. Catalina García, exalcaldesa de Jimena y portavoz del PP en la Diputación de Jaén, será la cabeza de cartel en esa provincia. Lejos de la renovación, ella es el único rostro nuevo en unas listas con seis hombres y dos mujeres. Todos los demás son diputados.

El PP andaluz ignora la ley por dos motivos. Primero porque la norma aprobada en la Cámara andaluza, dentro de un paquete destinado a dar más transparencia y austeridad a la política, fija la incompatibilidad y no la inelegibilidad. Es decir, los alcaldes pueden ir en las listas pero no tomar posesión de sus escaños. El segundo y principal es que el Gobierno de Mariano Rajoy, en una ofensiva política dirigida por el ministro Cristóbal Montoro –número uno al Congreso por Sevilla y uno de los principales aliados de Arenas– anunció que recurrirá esa norma que veta a los alcaldes en el Parlamento. Lo hizo en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre que aprobó los grandes recortes puestos en marcha contra el déficit público.

En mitad de una larga lista de decisiones de calado aparecía el informe elevado por el Gobierno para recurrir esa norma del Parlamento andaluz, lo que allana el camino a Arenas para su estrategia electoral. Si el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno la norma dejará de estar en vigor de forma automática. El PP andaluz también recurrirá pero en este caso la suspensión de la norma no se produciría de manera inmediata.

Arenas cuenta con más posibilidades que nunca de llegar a San Telmo con mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas y no está dispuesto a dejar nada al azar. Desde que volvió a Andalucía en 2004 ha defendido que sus alcaldes tenían la llave para que él llegara al poder y se apoyará en ellos hasta el final. Desde 1995 los populares tienen la mayoría de los gobiernos municipales de las capitales andaluzas pero tras las últimas municipales su poder se ha extendido también a muchas ciudades medias, lo que ha llevado al PP a ostentar el poder en cinco de las ocho diputaciones.

La secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, acusó ayer a Arenas de desafiar al Parlamento y denunció una «insumisión clara» a la soberanía andaluza al incluir a cinco alcaldes en puestos relevantes de las listas autonómicas. «Arenas se empeña en no aceptar lo que ha decidido la mayoría parlamentaria», denunció, mostrando «sorpresa e incredulidad» ante esta decisión. «Tienen que explicar que lo que no vale aquí sí vale en Galicia», dijo.

En la misma línea se pronunció la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que denunció esta «falta de coherencia». En Galicia también existe la incompatibilidad entre alcalde y diputado en una ley aprobada por el PP en 1994 y que fija que los alcaldes sean inelegibles como diputados autonómicos.

Desde el PP andaluz su secretario general, Antonio Sanz, defendió esta estrategia como «respuesta democrática a la gran cacicada» protagonizada a su juicio por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, al aprobar el PSOE esta prohibición por «miedo electoral». La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, alegó que en esta comunidad la reforma de la ley de incompatibilidades se ha hecho «al final y sin consenso» lo que le da «unos tintes especiales».

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