Pese al volumen y la complejidad que ha adquirido el caso de las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), la juez Mercedes Alaya se había resistido a contar con algún refuerzo para auxiliarle en el resto de tareas de su juzgado, más allá de estar algunos meses exenta de recibir casos nuevos.

Hasta ahora, porque la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha aprobado que se nombre un magistrado de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 6. Ahora, sólo falta que le den el visto bueno tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Ministerio de Justicia.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ya ha elevado esta solicitud al Alto Tribunal andaluz, que ha aprobado este nombramiento ante la ingente documentación del caso de los ERE, que tiene ya casi 16.000 folios y 50 imputados.

Ya se tomó con Malaya. Una medida que ya se ha tomado con otros juzgados, como por ejemplo el que investigó el caso Malaya. La idea es que este juez de refuerzo apoye a la jueza en otras tareas, como la de investigar otros casos, realizar las guardias o celebrar juicios de falta y dictar las correspondientes sentencias.

Y es que, además de este caso, la jueza tiene sobre la mesa otros de gran volumen como la investigación por las posibles irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla, así como la causa abierta por un posible delito societario en la gestión del mercado central sevillano, y las diligencias sobre el Betis.

La magistrada, de hecho, tendrá que afrontar esta semana una de las declaraciones más largas del caso, la del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en el caso de los ERE al ser el que gestionaba las ayudas.