Invercaria, la empresa de inversión y capital riesgo de la Junta, se ha instalado en el vocabulario de campaña electoral. Prácticamente todos los partidos y medios de comunicación del país hablaron ayer sobre las supuestas irregularidades en esta entidad pública, todos lo relacionaron con el desgaste que supondrá para el PSOE en las elecciones y todos dieron por hecho que el asunto está de alguna manera unido al fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Pero, de momento, la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso ERE, no asumirá el asunto de Invercaria, como pide el PP. Los populares pensaban remitir a la jueza la grabación de la expresidenta de Invercaria, Laura Gómiz, que revela un descontrol en la concesión de créditos a empresas. La tesis de Javier Arenas es que en Invercaria existía un «segundo fondo de reptiles», con el mismo procedimiento discrecional para dar ayudas públicas que el que supuestamente se usaba en la Consejería de Empleo con la partida de 647 millones para los parados. La Junta lo niega tajantemente, defiende la transparencia de Invercaria y acusa al PP de «envilecer la campaña electoral» haciendo pública ahora una grabación que se hizo hace un año y que, según un informe pericial, «ha sido manipulada». También destaca que el autor de la cinta, el exdirector de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos, es el hijo de un asesor de Arenas.

Por ahora, la denuncia sobre las irregularidades en Invercaria ha sido presentada por Cantos en los juzgados, junto con la grabación en la que se escucha cómo Gómiz le presiona para que redacte «informes falsos» que justifiquen a posteriori las ayudas a proyectos de inversión que se dieron sin procedimiento oportuno.

Cantos, que también ha denunciado a Gómiz por despido improcedente, remitió ayer al Juzgado de Guardia la grabación para denunciar la irregularidad. El asunto finalmente ha quedado en manos del tribunal número 16, cuyo titular, Juan Gutiérrez, tendrá que decidir si inicia la investigación o si se la remite a la jueza Alaya (del número 6). Sólo en caso de que el magistrado encuentre paralelismos entre las irregularidades de Invercaria y el caso ERE podría inhibirse en la causa en favor de Alaya. Si los dos jueces no logran ponerse de acuerdo en este punto, será el juez decano quien decida dónde se queda la investigación.

La expresidenta de Invercaria formalizó ayer una querella contra Cantos (en el juicio por despido) por haberle grabado en una conversación privada. En su denuncia ha adjuntado un informe pericial de la empresa de sonido Graudio sobre esa cinta, que apunta a «serios indicios de manipulación». En el audio se escucha a Gómiz decir frases tan comprometedoras como ésta: «Si lo único que estoy preparando son unos expedientes que no estaban. (...) Pero no porque se hayan hecho cosas mal, sino porque es que el procedimiento no se ha seguido. Es que no había procedimiento (...) Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay (...) Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».

El informe pericial detectó «trece eventos o circunstancias electroacústicas que no son normales en una grabación, circunstancia que puede cambiar su intencionalidad y que sólo afectan a la parte en que interviene la voz femenina», así como que «el orden temporal de los contenidos puede haber sido modificado mediante adición, inserción o edición del material grabado».

Manipulación. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró: «En mi tierra a esas trece incidencias se le llama manipulación pura y dura y si a eso se le suma que esas grabaciones se realizaron hace más de un año y ahora, a 20 días de unas elecciones, se acuerdan de hacerlas públicas, eso es algo más que una manipulación».

El PP, por último, anunció que presentará una demanda ante el Tribunal de Cuentas por «indicios de irresponsabilidad contable» y «posible alcance de caudales públicos» de Invercaria.