El PP-A recorrió ayer el último tramo que le faltaba para unir la denuncia de las supuestas irregularidades en la empresa pública Invercaria con el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE). A las puertas de la campaña electoral, los populares han enviado a la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso ERE, una grabación que revela una posible falta de control en Invercaria, la empresa de inversión y capital riesgo de la Junta.

El PP ha venido denunciando ambos casos como parte de un mismo modus operandi: un procedimiento discrecional en las ayudas públicas que otorga la Junta. En el caso de los ERE han trascendido indicios que apuntan a que este sistema sirvió para malversar fondos públicos, beneficiar a personas afines o comprar cocaína. El fraude se concentra en el fondo para los parados (467 millones), que el exdirector de Trabajo y principal imputado, Francisco Javier Guerrero, llamó «fondo de reptiles».

En el caso de Invercaria, por ahora, no ha trascendido un desfalco de dinero público. Invercaria es una sociedad de capital riesgo, cuya función es dar el primer empujón a una empresa recién creada con un proyecto innovador. Desde 2005 ha apoyado a 278 empresas y creado 3.000 empleos, con una inversión de 62 millones. Invercaria está auditada anualmente por Price Waters y todos sus fondos están controlados y autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin embargo, en 2009, la Cámara de Cuentas emitió un informe denunciando «gastos injustificables» y cuestiones «alarmantes, flagrantes irregularidades y gravísimos incumplimientos de la normativa que regula las inversiones». El PP se valió de ese informe para denunciar que Invercaria funcionaba como un «segundo fondo de reptiles».

La prueba que han entregado a Alaya es una conversación (grabada en abril de 2011) entre la entonces presidenta, Laura Gómiz y el exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos. Entonces ya se conocía el informe de la Cámara de Cuentas advirtiendo de fallos en la concesión de créditos.

Despido improcedente. En la conversación, grabada por Cantos, se escucha a Gómiz pedir insistentemente a su subordinado que elabore informes para justificar a posteriori las ayudas a proyectos de inversión que se habían concedido en el pasado. El ex alto cargo se niega a redactar «informes pasados» con «datos falsos», y ella le responde: «Entonces no me sirves como trabajador de Invercaria». Después de eso, la empresa despidió al exdirector de Promoción, que llevaba desde 2005 en Invercaria, alegando «pérdida de confianza».

Cantos denunció a Gómiz por despido improcedente, seguro de que el cese fue por su negativa a firmar «informes falsos». Aportó como prueba la grabación donde se escucha a Gómiz admitiendo ser «la primera que ha recomendado que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos estado» y asegurar que el consejo de administración de Invercaria «sabe perfectamente qué es lo que hay aquí, qué informes faltan y qué empresas son problemáticas».

Gómiz dimitió el 21 de febrero «para preparar su defensa» e Invercaria decidió encargar un informe sobre la grabación a una empresa especializada en sonido (Graudio). Ese informe no se ha hecho público, pero Invercaria sostiene que demuestra que hay «serios indicios de manipulación» en el audio: 13 cortes en la parte en la que se escucha a Gómiz.

Esta explicación no se conoció hasta ayer. Nada más trascender el contenido de la grabación, el actual presidente de Invercaria y director de inversiones de la Agencia IDEA, Francisco Álvaro Julio, compareció ante los medios para aclarar que «nunca se ha falseado ni ha habido ningún montaje de expedientes» y que la grabación fue «manipulada».

Álvaro Julio eludió mostrar el informe técnico de Graudio, «porque es una prueba de la defensa de Laura en el juicio» por despido (el próximo viernes). Pero acusó a Castos de querer «hacer daño» a Invercaria e informó de que «su padre es asesor económico de Arenas». Cristóbal Castos padre es secretario general de Asaja Cádiz y forma parte del equipo económico del presidente del PP-A. «Puede ser relevante», concluyó Álvaro Julio.

El presidente de Invercaria sostiene que los informes que reclamaba su antecesora en la cinta era, en realidad, «un volcado de todos los expedientes atrasados a una base de datos informática», «un sistema de archivo» que no existía antes, llamado Tregua.

Álvaro Julio eludió pronunciarse sobre las citas más polémicas de Gómiz en la cinta («si me comprometiera con la ética no estaría en esta organización»). «No damos credibilidad a nada de lo que se oye porque sabemos que fue manipulada», dijo. El líder del PSOE-A, José Antonio Griñán, acusó ayer al PP de «estar envileciendo la campaña usando cintas manipuladas». El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo calificó de «espectáculo poco edificante». Y el líder de IU, Diego Valderas, recordó que la Cámara de Cuentas ya avisó de que «las cosas se hacían mal».