10 de marzo de 2012
10.03.2012
Juicio de los ERE

El fiscal pide prisión para Guerrero

Javier Guerrero volvió a señalar directamente al Gobierno de Chaves, apuntando a Viera y Mar Moreno

10.03.2012 | 12:03
El exdirector general de Empleo, ayer durante su tercer día ante la jueza Alaya.

La Fiscalía pidió anoche a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos en Andalucía prisión incondicional para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta, ya que la pena que podría corresponderle llegaría a los 18 años de cárcel.

Tras tres días de interrogatorio, el fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cuestión en la que se adhirieron a su petición todas las acusaciones, informaron los abogados personados en la causa.

Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían «discrecionalmente» y «sin publicidad», por lo que solo eran conocidos por «los más próximos» a la Administración.

El exdirector comenzó la tercera jornada de declaración ante la jueza Mercedes Alaya apuntando directamente al Gobierno de Manuel Chaves. Guerrero dijo que «está convencido» de que Chaves, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, «sabían y debían conocer» cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo, por lo que arremetió duramente contra ellos porque están «salvando su honorabilidad», culpándole a él de todo.

«Estoy convencido de que estas personas conocían cómo se trabajaba en la Dirección General de Trabajo», dijo después de acusarles como las personas que le han señalado para «salvar su honorabilidad». Frente a esa versión, la Junta negó que Guerrero haya citado a Moreno como «conocedora» del reparto de ayudas y puntualizó que la número dos del Gobierno ni siquiera coincidió con el acusado en el Ejecutivo.

Guerrero se volvió a mostrar indignado, cuando la jueza Mercedes Alaya retomó la declaración por la pregunta en la que se quedaron el jueves por la tarde. La magistrada le pidió que ponga «nombre y apellidos» a las personas que según Guerrero, le están atacando para «salvar su honorabilidad». «Me refiero a Viera, que va diciendo por ahí que soy un impresentable. A Chaves, que dice que no me conoce de nada. Y a la portavoz del Gobierno, Mar Moreno, que me pone a caer de un burro cada vez que puede», contestó.

Guerrero añadió que se «escandaliza porque no entiendo cómo pueden decir que durante tres gobiernos del PSOE en los que yo he trabajado no sabían cómo se trabajaba dentro de la Dirección General de Trabajo. Estoy convencido de que estas tres personas debían conocer y sabían cómo se trabajaba», aseguró en referencia al sistema de ayudas discrecionales, que nunca fue hecho público y al que sólo accedían, según reconoció el jueves el propio Guerrero, personas del entorno de la Junta y de los sindicatos.

Antes de pronunciar estas palabras, el principal imputado en esta trama también le explicó a Alaya que «durante todo este tiempo a los imputados de la Junta de Andalucía, la propia Junta les ha otorgado la presunción de inocencia, pero a mí se me ha otorgado la presunción de culpabilidad». Además se quejó de que «por parte de la Junta se está abordando el pago de los abogados de algún imputado de la Junta. Antonio Rivas [el exdelegado de Empleo en Sevilla] y yo no tenemos dinero y los abogados no han podido cobrar». «No entiendo cómo me pueden humillar de esta manera, cuando trabajé con unos instrumentos que me dieron», señaló.

Guerrero también hizo alusión a las declaraciones del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que «considero totalmente desafortunadas cuando me llamó cocainómano, alcohólico y putero. Espero que rectifique».

Alaya insistió ayer en las ayudas otorgadas a las empresas de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso, y de José María Sayago, situadas en la Sierra Norte sevillana. La magistrada se interesó por si la ayudas a las mismas se siguieron pagando tras la marcha de Viera de Empleo, a lo que Guerrero contestó que con Antonio Fernández como consejero de Empleo «se completó el planing de pagos comprometidos por Viera».

En cuanto al pago de honorarios al despacho de abogados Garrigues, Guerrero indicó que este despacho «vendía el producto de que la Junta financiaba los ERE que ellos negociaban», pese a que en muchos casos no se había aún comprometido ninguna ayuda con Empleo. Asimismo, recalcó que el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, el que firmó en 2010 una póliza para pagar los 109.000 euros como honorarios de Garrigues por negociar el ERE de Acyco.

En cuanto a los intrusos en el expediente de esta empresa, aseguró que él desconocía que se metieron a personas que no eran trabajadores, «porque no me leía los papeles». Lo que sí conocía era la introducción de Encarnación Poto, que luego continuó en la empresa como administradora, pero dijo que desconocía este último extremo. «Si lo llego a saber no la meto», dijo. Tampoco conocía que en el ERE de Río Grande hubo una intrusa, ni que los cuñados de Rivas estaban en otro expediente.

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