El balón de oxígeno que el Gobierno inyectará en los maltrechos balances de pymes y autónomos gracias al plan de pago a proveedores tendrá un efecto considerable en Andalucía: una de cada cuatro empresas con deudas pendientes de la administración es andaluza. En total son 47.090 proveedores andaluces con facturas pendientes, un 26,6% de los 177.070 que se contabilizan en el conjunto del país. A estas pymes y autónomos les deben dinero 4.961 ayuntamientos, según las cifras provisionales ofrecidas ayer por la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Son las primeras estimaciones fruto de los listados de obligaciones pendientes de pago presentados por 673 consistorios de Andalucía, que han elevado al Ministerio de Hacienda un total de 597.846 facturas pendientes, que suponen una deuda de 2.798 millones de euros. El 29,19% de los recibos pendientes de pago se han presentado desde Andalucía.
El ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, adelantó ayer desde Cádiz que esos 2.800 millones serán los que recibirán los proveedores andaluces en esta primera fase del plan de proveedores, lo que supone una cantidad «muy importante» que va a ser inyectada en Andalucía, en sus autónomos y en su pequeña y mediana empresa. «Esto va a ayudar a conservar muchos empleos en la comunidad y mantener su tejido empresarial», dijo.
El plan de pago a proveedores se sostiene gracias a un crédito sindicado de 35.000 millones de euros que el Gobierno ha conseguido a través de un conjunto de bancos. Montoro recordó que las cantidades estarán abonadas antes de verano y que la medida se trasladará inmediatamente a las comunidades autónomas, que han aceptado voluntariamente integrarse en ese plan, con lo que la cifra será aún mayor.
Por provincias, Cádiz es la que presenta mayor número de recibos pendientes, con un total de 110.914 que suman un importe de 917 millones de euros, un tercio del conjunto de la deuda andaluza (32,75%), y de esa cantidad solo 328 corresponden al Ayuntamiento de Jerez.
Posibilidad de reclamar. Se trata de cantidades provisionales porque, a partir de ahora, los proveedores tienen que acudir a los ayuntamientos que les adeudan, y que están obligados a atenderles, para que les informen si están incluidos en la relación de facturas enviadas. Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local que emita un certificado individual, que se expedirá en un máximo de 15 días. Si pasado este plazo no hay respuesta, «se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo».
Por su parte, los ayuntamientos tendrán que comunicar, en los cinco primeros días de abril y mayo, los certificados rechazados y no contestados, por lo que en abril y mayo habrá dos revisiones a estos datos, puntualizó la Delegación del Gobierno, que apuntó a que esta inyección de fondos contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo.
El Gobierno va a cambiar la legislación para que los proveedores que contraten con la administración no tengan que pagar el IVA hasta que hayan cobrado la factura.
En el ámbito nacional, del total de 177.070 proveedores que se beneficiarán del mecanismo extraordinario de pago a proveedores, dos tercios corresponden a pymes (63.543) y autónomos (50.259). En total 4.622 consistorios se acogieron hasta el pasado jueves a este mecanismo extraordinario y presentaron un total de 1.931.976 facturas por un importe de 9.584 millones.
El ministro de Hacienda destacó que esta iniciativa va a permitir a las corporaciones locales «recuperar el aliento» y va a ayudarles a pasar este año difícil, ya que son cantidades «muy relevantes en términos de impacto y de movilización económica».
