Se inmoló ante la jueza y ante los atónitos abogados que presenciaron una situación sin precedentes, que una persona salga tras declarar con el doble de delitos de los que en un principio se le habían imputado. Eso es lo que sencillamente hizo el martes el exchófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien llegó a los juzgados a las 10.30 horas y salió a las 2.30 camino de la prisión de Morón con 22 delitos a sus espaldas, 11 más de los que inicialmente le imputó la jueza Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), y una fianza de 2,3 millones de euros para asegurar la responsabilidad civil.

Juan Francisco Trujillo acabó «metido en un mundo de mierda», como él mismo reconoció. Una «larga actividad delictiva», como asegura Alaya en el auto de prisión, por el que se le imputan tres delitos de obtención indebida de ayudas públicas, otro de falsedad en documento mercantil, tres de falsedad en documento oficial, y los delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Tras su declaración, la lista engordó con un delito de alzamiento de bienes, tres de falsedad en documento mercantil y cinco de cohecho.

Y es que el exchófer reconoció, más allá de cobrar ayudas ilegales que fueron gastadas principalmente en cocaína y regalos, que cobró el paro de forma fraudulenta, que vendió bienes estando ya la causa judicial abierta y que recibió en dos ocasiones dos sobres con «bastante dinero» para Guerrero de uno de los comerciales de una aseguradora.

Un jugoso relato al que a buen seguro la jueza le dará un buen bocado. Ya el martes se mostró contundente con un titubeante imputado que comenzó nervioso, no dejaba de mover la pierna izquierda, y el tono de su voz era muy bajo.

«Colabore de una puñetera vez», llegó a decirle, mostrando su enfado con gestos como golpear el bolígrafo con fuerza sobre la mesa o tirar un caramelo. Tampoco dudó en interrumpir el interrogatorio del fiscal para solicitar que fuera más concreto y que explicara por qué daba respuestas contradictorias.

El exconductor fue entrando poco a poco hasta que se lo llevó a su terreno, pese a que repitió en varias ocasiones que no le cuadraban las cosas, que no se recordaba algunos detalles, al final hasta llegó a confesar que está cobrando el paro de forma ilegal.

Al final la incisiva Alaya logró lo que quería. Confirmó que Trujillo creó empresas ficticias para poder cobrar 1,3 millones de euros en ayudas públicas y que falsificó la firma de su madre para lograr otros 122.000 euros de las arcas públicas.

Dinero y regalos. También oyó cómo el exchófer le describía un auténtico escándalo, que cada mes él y Guerrero gastaban «entre 20.000 y 25.000 euros en comprar cocaína». Pero, lo mejor, que el ex alto cargo andaluz, que también está en prisión, recibía regalos y dinero por otorgar esas subvenciones.

Trujillo, que se gastó 40.000 euros en obsequios para su exjefe, describió una escena que recuerda a la mafia. En Madrid, en dos ocasiones, recibió un sobre «con bastante dinero» de mano de Antonio Albarracín, un comercial de la aseguradora Vitalia, que recibió unas comisiones desorbitadas por intermediar en los ERE. El PP, de hecho, pidió su detención y el precinto de la sede.

La jueza también ha encontrado otra vía que investigar: las facturas falsas. Trujillo reconoció ayer que a nombre de sus empresas hizo cuatro por trabajos que no existieron y que le fueron abonadas por entidades que también recibieron ayudas. De lo que no obtuvo respuesta es a su sospecha de si esta «manga ancha para otorgar ayudas» se daba también en otras consejerías.

Alaya ya estará maquinando, más cuando tiene un calendario en el que el próximo es el exconsejero Antonio Fernández.