El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero pudo recibir «dádivas» de la aseguradora Vitalia «como contraprestación a los servicios por él encargados en nombre de la Consejería de Empleo».
Esa es la conclusión a la que llega la jueza Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tras la declaración del exchófer del ex alto cargo, que dijo haber recibido dos sobres con dinero de uno de los directivos de la entidad aseguradora que se hacía cargo de las pólizas.
En un auto, fechado el pasado 22 de marzo, la jueza hace esta reflexión al rechazar la petición de sobreseimiento solicitada por Antonio Albarracín, directivo de Vitalia que según el exchófer fue el que le entregó los sobres para Guerrero. Albarracín reclama el archivo, pero también declarar de forma voluntaria ante la jueza como imputado, lo que para Alaya es «contradictorio».
Albarracín estaba al tanto. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 deniega la solicitud porque, además de los pagos a Guerrero, Albarracín «habría conocido la inclusión de múltiples intrusos en multitud de pólizas de prejubilación», además de conocer «el exceso de la comisión percibida por la entidad con cargo a los fondos públicos», ya que superaba el 15%.
Asimismo, la jueza Alaya ordena que se investiguen todos los pagos efectuados por las empresas de Juan Francisco Trujillo, el exchófer de Guerrero, así como la venta de varios terrenos cuando éste ya había sido denunciado por la Agencia Tributaria por un delito contra la Hacienda Pública, para así concretar si pudo cometer un delito de alzamiento de bienes.
La jueza reclama a la Guardia Civil que investigue si Trujillo y un empresario cometieron un delito de falsedad en documento mercantil por contratarlo de forma fraudulenta para que cobrara el paro.
