14 de abril de 2012
14.04.2012
Juicio de los ERE

Guerrero dice que no tiene para pagar la fianza

Asegura que no cuenta con medios, que tiene separación de bienes y que sólo dispone de un piso hipotecado

14.04.2012 | 02:51

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, no tiene ni dinero ni bienes para poder hacer frente a los 686.000 euros de fianza que le impuso la jueza Mercedes Alaya. El ex alto cargo asegura que tiene separación de bienes con su esposa y que sólo posee un piso en la localidad de El Pedroso (Sevilla) que está hipotecado.

Tras su ingreso en prisión, después de haber estado tres días declarando, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 le impuso una fianza de más de 686.000 euros (la Fiscalía Anticorrupción solicitó que fueran 933.000) para asegurar la posible responsabilidad civil por las ayudas supuestamente irregulares otorgadas con dinero público. Así se le comunicó a Guerrero en la prisión de Sevilla, donde permanece interno desde el pasado 10 de marzo.

En el requerimiento judicial se le informa de que la jueza había acordado dicha medida en un auto fechado el 14 de marzo y que en caso de que no haga frente al pago de la fianza, «se procederá al embargo de bienes de su propiedad». Asimismo, se le explica que debe dar una relación de bienes sobre los que poder realizar el posible embargo, ante lo que Guerrero alega que «no tiene para hacer frente a la fianza impuesta». Además, añade que tiene un piso en El Pedroso de su propiedad con una hipoteca, que tiene separación de bienes con su esposa y que le ha dicho a su abogado que presente en el juzgado relación de su patrimonio, según consta en el acta de notificación y requerimiento a la que tuvo acceso este periódico.

En su auto la juez Mercedes Alaya desestimó la petición de la defensa de Guerrero de que la Junta de Andalucía sea expulsada del procedimiento como acusación particular y que se le reclame la responsabilidad civil subsidiaria. Según Alaya, esto supondría que los ciudadanos «se verían doblemente perjudicados, primero por el presunto despilfarro dilatado en el tiempo de dinero público, y segundo por tener que hacer frente mediante el abono de sus tributos a la cantidad en la que se concrete la responsabilidad civil subsidiaria». Al exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, Alaya le impuso una fianza de 2,3 millones de euros.

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