Finalmente, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández no acudirá a declarar ante la jueza Mercedes Alaya el 18 de abril, sino el día 20 (viernes). Es la decisión que tomó ayer la magistrada que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) después de que la Guardia Civil le entregara diversa documentación sobre el ERE de las bodegas González Byass, en el que aparece el ex alto cargo. Alaya no descarta que el interrogatorio se extienda hasta el sábado.

En un auto notificado ayer, Alaya acuerda posponer la comparecencia del exconsejero para poder dar traslado a las partes de la nueva documentación. En la misma, se recoge todo el expediente de Fernández como trabajador de las bodegas González Byass, en las que entró en mayo de 1971, en el que consta su contrato y diversas cartas en la que le solicita a la empresa vacaciones y excedencias para poder terminar sus estudios de Ballicher y Derecho.

Asimismo, la jueza también ha entregado un auto en el que le da diez días al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en el caso, y a Juan Francisco Trujillo, su exchófer, para que aporten una lista de bienes de su propiedad al no haber hecho frente a las fianzas de 686.000 euros y 2,3 millones de euros, respectivamente. Alaya les pide que, en caso de ser inmuebles, indiquen si tienen cargas y «si están ocupados por qué personas y con qué títulos». En caso de que no entreguen nada «se procederá a la búsqueda de bienes sobre los que trabar el embargo».

Mientras, la bronca política por este caso no cesa. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que presentarán un escrito a la jueza para que requiera nuevamente a la Junta toda la información de los ERE al considerar que el Gobierno andaluz está «poniendo zancadillas» a la investigación aportando documentación «incompleta».