La consejera andaluza de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, señaló ayer que la Guardia Civil, en el atestado que ha entregado a la jueza Mercedes Alaya sobre el caso del fraude en los ERE, basa sus valoraciones en «suposiciones y sospechas sin ningún medio probatorio». En declaraciones a la prensa durante el congreso del PSOE de Sevilla, Díaz aseguró que es «absolutamente falso que los altos cargos de la Consejería de Empleo conocieran o consintieran la extracción o destrucción de documentos relacionados con la trama» de los falsos ERE.
Díaz dijo que no comparte «en absoluto» que se intente justificar el conocimiento de los hechos por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, e insistió en que se trata de «suposiciones impropias» que no cuentan con pruebas. «Creemos que al final estamos hablando de una causa general contra la Junta, con un procedimiento inquisitorial con fines partidarios», apostilló.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que conocían las irregularidades en las ayudas el Consejo de Gobierno andaluz, la Comisión General de Viceconsejeros («consejillo») que presidía el exconsejero Gaspar Zarrías, los exconsejeros de empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, sus viceconsejeros y tres sucesivos directores generales de Trabajo.
También dice el informe que la Junta revisó los expedientes y sacó de ellos «documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación», además de completarlos con datos que faltaban antes de darlos al juzgado.
La consejera indicó que discrepa «tanto en las conclusiones como en el tono» del atestado, y pidió que se actúe con rigor basándose en pruebas y no en sospechas «para intentar dañar la imagen del Gobierno o de su presidente».
Añadió que le sorprende que haya valoraciones que afectan al derecho presupuestario y a la hacienda pública, y afirmó que el atestado no concluye nada que la Junta no hubiera puesto ya en conocimiento de la jueza.
Sobre Griñán, puntualizó que en 2001 no era miembro del Consejo de Gobierno y que no hay ningún informe de actuación por parte de la intervención de la Junta que manifieste alguna irregularidad. Además, considera que si Griñán no fuera el presidente no se estarían haciendo este tipo de valoraciones, ya que es la propia Guardia Civil la que dice «que necesita más tiempo para seguir investigando».
No coincide en absoluto con la consejera el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien incidió ayer en la supuesta implicación de la Junta en los escándalos de los ERE, por lo que pidió a Griñán una explicación. «El Gobierno andaluz ha intentado ocultar toda la información referente al asunto de los ERE», dijo desde Archidona Arenas, quien añadió que no ha respetado la independencia de las administraciones de Justicia ni de la Cámara de Cuentas.
Defender las instituciones
Asimismo, insistió en que para proteger la democracia es necesario defender a todas las instituciones y organismos como son la Justicia, la Cámara de Cuentas y las Fuerzas de Seguridad del Estado «no sólo cuando te dan la razón».
Mientras, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, aseguró desde Istán que la comisión de investigación que se creará en el Parlamento autonómico sobre el fraude de los ERE establecerá las responsabilidades políticas y administrativas que se deriven de este caso. A su juicio, este escándalo ha puesto de manifiesto que la Consejería de Empleo no ha funcionado de manera correcta, y la consecuencia es «la investigación judicial que se va a realizar y que tiene su camino».
La Guardia Civil reprocha la pasividad de la Intervención de la Junta
Un informe de la Guardia Civil, entregado a la juez que investiga los ERE fraudulentos, reprocha la pasividad de la Intervención General de la Junta ante el «importante menoscabo de fondos públicos» que causaban unas ayudas que prescindían «de forma total y absoluta del procedimiento».
Dicho informe dice que pese a sus sucesivas advertencias a los responsables de las agencias andaluzas IFA e IDEA, a través de las que se canalizaron las ayudas investigadas, éstos «no adoptaron las medidas necesarias para solventar las deficiencias», por lo que la Intervención debió elevar los correspondientes informes de actuación. La juez que investiga los ERE, Mercedes Alaya, ha decidido suspender las declaraciones previstas para junio y julio para estudiar este relevante atestado de 304 folios y abrir posibles nuevas vías de investigación.
