El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, defendió el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) en la investigación de los presuntos ERE irregulares tramitados por la Junta de Andalucía porque, dijo, «no somos una policía política».
En declaraciones a Efe, Moya respondía así a las críticas lanzadas por algunos dirigentes de la Junta de Andalucía que aseguraron que el informe elaborado por la Guardia Civil sobre el caso está basado en «suposiciones y sospechas sin ningún medio probatorio».
«La Guardia Civil está al margen de orientaciones políticas», subrayó Moya, que recordó que los agentes del instituto armado han detenido a políticos corruptos de todos los partidos en los últimos tiempos.
Para Moya, se trata de una «polémica falsa» porque la Guardia Civil se limitó a emitir un informe por petición de la jueza que instruye el caso, con pleno sometimiento a las reglas del Estado de Derecho.
Esta semana, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió ya que ninguna institución pública caiga en la tentación de cuestionar de forma «lamentable y mezquina» la independencia, profesionalidad y respeto a la Ley de la Guardia Civil, en relación a la investigación de los ERE en Andalucía.
El Pleno del Parlamento andaluz acordará en la sesión que celebrará el miércoles y jueves de esta semana la creación de una comisión de investigación sobre el asunto de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), a petición de los tres grupos parlamentarios, según se recoge en el orden del día aprobado el pasado miércoles por la Junta de Portavoces.
Esta es la primera comisión de investigación que se crea en el Parlamento desde hace 17 años, ya que la última fue la relativa a la condonación de créditos al PSOE por parte de la antigua Caja de Jerez. Como se recordará, el PSOE-A, con mayoría absoluta en el Parlamento en la anterior legislatura, llegó a rechazar hasta en diez ocasiones las peticiones de PP-A e IULV-CA para la creación de una comisión de investigación sobre los ERE.
Sin embargo, el grupo socialista –que en esta legislatura no cuenta con mayoría absoluta lo que le ha llevado a suscribir un pacto con IULV-CA– no ve problema para que se constituya en este momento la comisión de investigación porque ya ha pasado el periodo electoral y no se puede utilizar con fines electoralistas, como pretendía, a su juicio, el Partido Popular.
Las iniciativas de petición de creación de la comisión de investigación de PSOE-A e IULV-CA, socios en la Junta, coinciden en el enunciado: sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por ERE y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta durante el periodo comprendido entre los ejercicios 2001 y 2010.
En cuanto a la del PP-A, plantea la creación de una comisión de investigación sobre «ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis concedidas por la administración de la Junta con cargo al programa presupuestario Administración de la las Relaciones Laborales entre los ejercicios 2000 y 2010».
El orden del día del Pleno recoge también varias comparecencias de consejeros. Así, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, informará sobre el recorte del Gobierno de España a las políticas activas de empleo en Andalucía.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, informará sobre el plan de ajuste financiero aprobado por el Gobierno andaluz.
Asimismo, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, informará, por un lado, sobre la campaña de extinción de incendios forestales que desarrollará el Plan Infoca durante este año, y, por otro, hará un balance de la gestión del Gobierno andaluz ante la crisis del Ecoli.
Economía andaluza
En la sesión de control al Ejecutivo que se desarrollará el jueves día 14, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, responderá a una pregunta del presidente del PP-A, Javier Arenas, sobre decisiones del Gobierno; a otra del portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, sobre incidencia de la crisis del sector financiero y su reforma en la economía andaluza, y a otra del portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, relativa a Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Entre las proposiciones no de Ley que serán objeto de debate, se incluye una del PSOE-A sobre defensa de la sanidad pública universal, gratuita y de calidad, y otra del PP-A referida a la defensa de una educación pública de calidad en Andalucía. Asimismo, el grupo popular interpelará al Consejo de Gobierno sobre política general en materia de administración pública.
