El Defensor del Pueblo en funciones, José Chamizo, presentó ayer ante la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento de Andalucía el informe anual correspondiente a la gestión de la institución durante 2011, una intervención en la que instó a los parlamentarios «a resolver los problemas del personal», y dejar de lado «la pelea» política. «Hay que hacer un ejercicio de buena voluntad y avanzar para resolver los problemas del personal, pues la vida se nos va a veces en la pelea, y la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes», afirmó.

Según expuso, en 2011 se desarrollaron 6.303 quejas nuevas, en total 317 menos de las 6.620 de 2010. Además, hubo un total de 8.575 consultas de las más diversas cuestiones. Las quejas, indicó Chamizo, se centraron en materias como educación (881 quejas), medio ambiente (531) y servicios sociales y dependencias (461), a las que se unieron aquellas del personal del sector público. Asimismo, en 2011 se iniciaron 261 actuaciones adoptadas por iniciativa de la Institución a través de quejas de oficio, centradas en educación, problemas de menores o accidentes laborales, afirmó.

Una de estas quejas de oficio abiertas versa sobre el proyecto urbanístico en la playa de Valdevaqueros en el municipio de Tarifa (Cádiz), en el que se prevé la construcción de 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en un entorno virgen del litoral gaditano.

Chamizo propuso una lectura de la memoria a partir del elemento que explica muchas de las actuaciones de este año, la crisis. El informe, dijo, recoge propuestas para garantizar los derechos y las prestaciones a las personas afectadas. «Estamos obligados a ofrecer algo más que palabras de consuelo cuando los ciudadanos acuden exponiendo su sufrimiento, con propuestas y alternativas concretas para paliar las consecuencias».

«Un hogar y no un patrimonio». Así, la sección primera del informe se refiere a las propuestas que el Defensor ha venido promoviendo en relación con la vivienda, la asistencia social básica y el empleo. Sobre la vivienda, pide la modificación de la Ley Hipotecaria, la dación en pago, o dar preferencia al alquiler, porque «la gente necesita un hogar y no un patrimonio». Del mismo modo, en materia de servicios sociales, apuesta por sistemas de albergues, comedores o ayudas inmediatas de subsistencia. «Todas estas medidas se resumen en un profundo rediseño de las políticas asistenciales, y no encontramos un impulso normativo que viene siendo postergado desde hace años», lamenta.

Además, el Defensor aboga por una mejora del servicio de asistencia jurídica a menores infractores y de las actuaciones de las administraciones. En este sentido, y en relación con la vivienda, pone de relieve que «año tras año aumentan las denuncias por la desocupación de viviendas protegidas», ante lo que dice que «es intolerable que las administraciones no inspeccionen que los beneficiarios residan en ellas». Además, señala que la administración de justicia «necesita un revulsivo».

Por último, Chamizo hace un resumen de la legislatura 2007-2012, en la que han aumentado un 20% las quejas, con un 25,7% más de quejas atendidas. «Son tiempos difíciles, pero la ciudadanía necesita confianza, ilusión para la esperanza de que el futuro será mejor», afirma.