El interventor general de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2010, Manuel Gómez, ha declarado que diversos informes detectaron "incumplimientos" sobre expedientes de gasto, tramitación de ayudas o concesión de subvenciones "sin procedimiento legal", que atribuyó a la Consejería de Empleo.
En su comparecencia ante la comisión de investigación de los ERE falsos, el exinterventor ha sostenido que el marco de las ayudas es "perfectamente legal" por encontrar "respaldo" en las leyes presupuestarias de la Junta de cada año.
No obstante, ha aclarado que lo que "no dice el presupuesto" es cómo se gestionan las ayudas, una materia -dijo- que regulan leyes como la de Subvenciones o de Hacienda Pública
El exinterventor aludió a distintos informes que detectaron "deficiencias" sobre el pago que debía afrontar el IFA a instancias de la Consejería de Empleo, en concreto unos quince errores o incumplimientos sobre expedientes de gasto, tramitación de ayudas o concesión de subvenciones "sin procedimiento legal".
Todos los informes, según Manuel Gómez, fueron remitidos a sus destinatarios correspondientes.
La Guardia Civil interrogó a Gómez en calidad de testigo al ser la persona que elaboró informes desfavorables sobre el modo en el que el IFA pagaba los costes de los prejubilados de los ERE mediante transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo.
En su declaración manifestó que estos informes se los entregaba a la entonces viceconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, con la indicación de que los hiciera llegar al consejero y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Gómez alertó en los informes, correspondientes al período comprendido entre 2005 y 2007, sobre el "escaso control" del procedimiento y dijo que así lo expuso cuando los envió a la Consejería de Economía y Hacienda.
