El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, calificó la situación en la que se ha visto inmersa una parte de la ciudadanía como consecuencia de las participaciones preferentes cuya legalidad se pone en duda como «una de las grandes desvergüenzas» que ha sufrido «la gente más sencilla y vulnerable».

«No hay derecho. Es una estafa en toda regla», explicó en una entrevista con Canal Sur Radio en la que recordó que fue la Oficina del Defensor del Pueblo la que llevó las múltiples denuncias de ciudadanos a la Fiscalía, organismo que ya ha anunciado la apertura de una investigación por si la emisión de participaciones preferentes por parte de varias entidades bancarias pudo suponer estafa en algún caso.

El pasado 13 de agosto Chamizo registró en la Fiscalía Superior de Andalucía 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las preferentes. En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de «cientos de millones» de euros, según señaló Chamizo. En el caso de los 300 expedientes mencionados, la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.

El Defensor, por otra parte, señaló que pese al actual contexto de crisis «los derechos sociales no pueden perderse».