El Grupo Popular en el Parlamento andaluz estudia el mecanismo adecuado para exigir responsabilidades en la Cámara autonómica al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por «mentir» en su comparecencia, el pasado 25 de septiembre, en la comisión de investigación sobre las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, al entender que «faltó a la verdad» cuando sostuvo una y otra vez que el procedimiento utilizado para la concesión de las ayudas era absolutamente legal, pese a que «sabía a conciencia que no era así y que lo que decía no era verdad».

Así lo adelantó ayer en rueda de prensa el coordinador de Economía y Hacienda del PP andaluz, Rafael Carmona, quien no concretó el mecanismo que podría utilizar su partido para lograr ese objetivo, ya que es algo que, según apuntó, estudian actualmente los servicios jurídicos del grupo parlamentario popular.

En todo caso, Carmona recordó que los comparecientes en la comisión «estaban obligados a decir la verdad», como se les indicaba al inicio de sus intervenciones, de forma que existe la posibilidad de demandar a quienes incumplieron esa obligación.

Según el coordinador de Economía de los populares, la prueba de que el procedimiento de concesión de las referidas ayudas sociolaborales no era legal está en el hecho de que «justo a la vez que Griñán comparecía, los servicios administrativos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía estaban dictando resoluciones por las que declaraba nulos de pleno derecho los acuerdos por los que se concedían esas ayudas, porque no se habían ajustado a ningún procedimiento».