El chófer de Guerrero declaró a Alaya que Zarrías intentó colocar intrusos en los ERE

Entre lo más relevante se conoció que el que fuera chófer del entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, aseguró en su declaración ante la juez Mercedes Alaya que el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías «llamó en varias ocasiones» a Guerrero para incluir a «intrusos» en varias prejubilaciones, aunque dijo no recordar «el nombre de los intrusos señalados por Zarrías» porque «eso fue un comentario que le hizo Guerrero pero no le dijo nada más».

Juan Francisco Trujillo declaró ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado día 22 de marzo, en el marco de la operación Heracles desarrollada por la Guardia Civil, aunque su declaración, tras la que quedó en libertad con cargos, no se ha conocido hasta que la juez ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde noviembre de 2012.

Según el texto de su declaración, Trujillo también aseguró que sabe que Guerrero se reunió con José Antonio Griñán cuando éste era consejero de Economía y Hacienda y también con el secretario de Hacienda o el secretario de Economía para desatascar el retraso que había en los pagos de subvenciones, pólizas y ayudas, algo que «sabe porque Guerrero se lo comentó en el trayecto de vuelta desde la Consejería de Hacienda a la Dirección General de Trabajo». Asimismo, dijo que «tiene conocimiento de llamadas de Griñán a Guerrero, por comentarios que éste le ha hecho, de que llamaba para interesarse por el tema y Guerrero le decía que tenían que ampliar los fondos para acabar con el retraso importante que había en los pagos».

Estas afirmaciones fueron ayer negadas por el presidente de la Junta, que aseguró que nunca se reunió con Guerrero y que éste nunca fue director general suyo. «No me he reunido con ese señor en la vida», remarcó.

Sobre Zarrías, Trujillo señaló también que hizo gestiones con Guerrero «para que le dieran ayudas» a una empresa azulejera de Vilches (Jaén), así como que el ´conseguidor´ de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas «presumía de tener línea directa con Zarrías», por lo que «podría pasar que le transmitiera a Guerrero alguna orden, petición o consejo de Zarrías». Igualmente, dijo saber que Guerrero y el exparlamentario del PSOE Ramón Díaz «hicieron gestiones juntos para una empresa de Seat», y que «tiene constancia porque se lo dijo Guerrero, que había comprado un Seat o un Altea a muy buen precio y que era un regalo para su hermana».

En otro momento de su declaración, aseguró que Lanzas y el exdirector general de Trabajo «eran más que amigos», y que en una ocasión le comentó al conseguidor de los Expedientes de Regulación de Empleo, «cuando Guerrero no estaba delante, el problema de adicción y los problemas de dinero que tenían él y Guerrero».

De otro lado, hay que destacar que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado, en el marco de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, la «posible» relación de Lanzas con Zarrías, aunque ha concluido que «es de difícil definición». Así consta en un atestado elevado el pasado día 12 de marzo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por parte del Instituto Armado, atestado que consta de más de 1.000 páginas y que se ha conocido este lunes después de que la magistrada Mercedes Alaya haya levantado el secreto de sumario y haya dado traslado a las partes de 51 nuevos tomos de las actuaciones.

«La posible relación» entre ambos «es de difícil definición, ya que únicamente podría basarse en lo apuntado en sus manifestaciones por los distintos investigados, quienes a juicio policial no aportan elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando meras conjeturas», concluye la Guardia Civil.

Trujillo está imputado por haber recibido tres subvenciones de 450.000 euros para otras tantas empresas ficticias y por una ayuda de 122.649 euros que recibió su madre, y en su comparecencia en 2012 declaró a la juez que llegó a gastarse 25.000 euros al mes procedentes de las ayudas en cocaína para sí mismo y su jefe. En esta nueva declaración, sobre sus facturas de 81.840 y 13.920 euros al Bufete, Villasís, cuyos abogados están imputados como mediadores en los ERE, el chófer declaró que «no niega que haya recibido ingresos pero no recuerda los importes ni la cantidad de facturas falsas que tuvo que emitir» al despacho para comprar cocaína.