Alaya inicia el trámite para imputar a los expresidentes de la Junta Griñán y Chaves

Quien no conozca el carácter meticuloso de la juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, no podía adivinar hasta qué punto las expresiones «llegar a los últimos peldaños de la pirámide» o terminar «de encajar las piezas en el puzzle», diseminadas en sus últimos autos, presagiaban la decisión que tomó ayer: iniciar el trámite para imputar a los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y a cinco exconsejeros, en definitiva, la cúpula de poder autonómico en más de una década. Y el mismo día en el que el Gobierno de la nueva presidenta, Susana Díaz, tomaba posesión en San Telmo.

El golpe de efecto fue formidable, no sólo por la coincidencia de fechas, algo que han afeado distintos protagonistas del caso desde su inicio en abril de 2009, sino por el peso político de los nuevos investigados. Además, Alaya utiliza su subterfugio jurídico porque sabe que un juez de instrucción no puede imputar a aforados, por lo que todos ellos deberían ser investigados o por el Tribunal Supremo (TS), en el caso de los diputados nacionales, o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de los senadores.

Los exconsejeros afectados son José Antonio Viera, Manuel Recio, Francisco Vallejo y los dos que salieron ayer mismo del Ejecutivo de Susana Díaz: Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, que abandonaron Hacienda y Empleo, respectivamente. La presidenta de la Junta quiso así disipar cualquier atisbo de duda sobre la honorabilidad de su Gobierno, al igual que hizo Griñán con su precipitada marcha. Éste, por cierto, jamás ha admitido responsabilidad por acción u omisión en un asunto que ha convertido a Andalucía en un avispero para el PSOE.

Lo que hace la juez, por tanto, es comunicar la existencia del procedimiento «en calidad de imputados» a Chaves, Griñán y los cinco exconsejeros, aunque ella, y lo sabe, no puede imputarlos, así que realiza una flexible interpretación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) -creado expresamente para proteger a los políticos-. La Constitución le impide realizar a los aforados un juicio «formal de imputación o inculpación», pero la instructora «sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean», de tal forma que el citado artículo asimila el auto de ayer al de una admisión a trámite de una querella o denuncia que permite al «querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudieran incriminarle». De paso, la juez, en una hábil maniobra, evita que los siete futuros imputados puedan alegar indefensión.

La juez también podría haber remitido la causa al tribunal superior competente (TS o TSJA, según el caso), para su instrucción y enjuiciamiento, una fase para la que habría que individualizar la responsabilidad de los siete nuevos investigados, lo que ahora no toca. Ahora lo que toca es comunicar la existencia del proceso a los aforados «en la medida en que pudieren resultar inculpados por el tribunal superior si en la presente instrucción se objetivasen indicios».

La juez quiere seguir investigándoles sin tener que desprenderse de la causa y evitar que le tumben sus resoluciones por indefensión, siguiendo, de paso, la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla del pasado agosto en la que se le invitaba a «apurar y depurar» el proceso antes de elevarlo a la superioridad, lo que no es más que una artimaña para ganar tiempo. La juez se garantiza además que no se puedan alegar en el futuro diversas nulidades. Expertos jurídicos alabaron el movimiento procesal de la juez. De hecho, creen que Alaya no va a convocar de momento a los aforados imputados sino que dejará a su voluntad personarse en una causa que ya acumula 123 acusados, de los que 72 no han prestado aún declaración judicial.

Salvada la apariencia de legalidad, la juez recuerda que el estado actual de sus pesquisas presenta ahora «unos elementos configuradores más precisos que hace relativamente poco tiempo, pues sin variar el núcleo esencial que sería la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido, aquellos oscilan desde las sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadores que gestionaban e impulsaban las pólizas, vehículo de las subvenciones, y ello a cambio de ciertos favores, a las modificaciones presupuestarias que permitieron desde abril de 2000 el uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación».

En una década se produjeron «millonarios desfases presupuestarios cada año», dice Alaya en el auto, fechado ayer, al que tuvo acceso este periódico. Además, la Guardia Civil sigue practicando múltiples diligencias y ya es hora de «entrar de lleno en la vertiente política de los hechos». Hay indicios de «cierta carga incriminatoria acerca de los presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros».

La instructora (Juzgado número 6 de Sevilla) también recordó que muchos aforados han pedido declarar voluntariamente en otros procesos sin necesidad de enviar un suplicatorio a la cámara que ha de decidir sobre su futuro procesal, lo que, por cierto, no ha ocurrido en el caso de los ERE.

Asimismo, Mercedes Alaya indicó en su auto que es «consciente del efecto multiplicador de la influencia negativa de los medios sobre dichas personas -los aforados-, pues primero pueden verse señaladas en la presente instrucción como imputados, más tarde, y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar a ella, y finalmente como imputados en el tribunal superior si procediere».

Lo cierto es que la decisión de Alaya complementa a la que ya tomó 2 de julio pasado al imputar a la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y a 20 altos cargos de la Junta. A la nueva presidenta autonómica y algunos miembros de su Gobierno la decisión judicial les sentó a cuerno quemado, y más el día en el que decían el sí quiero a sus nuevos cargos, sabiéndose a salvo ya del cuchillo orgánico de la trianera. Algún jurista recordó que los siete aforados no están imputados.

La propia Díaz, que ha entonado un discurso muy duro contra la corrupción, dijo ayer que éste «es uno de los momentos más difíciles de la autonomía andaluza, sobre todo para la gente sencilla». «Estamos en un mar de dificultades que estoy convencida de que iremos superando», aclaró.

Su consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, exfiscal, se empleó con inusual dureza contra Alaya tratando de demostrar que no le interesa lo más mínimo el movimiento de la juez: «Hoy el protagonismo es del Gobierno, y vamos a hablar del Gobierno, que es mucho más importante que cualquier juez». Poco después, señaló: «¿De verdad lo ha sacado hoy? Será otra causalidad», verbalizando así lo que muchos socialistas piensan acerca de la convergencia de autos e hitos señalados en la agenda política andaluza. Hay quien se ha atrevido a ver más allá. CCOO y UGT se expresaron en términos similares ayer.