La nueva Ley Antidesahucios refuerza la posición de avalistas y autónomos

El pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer, en virtud de la mayoría ostentada por el PSOE e IU, partidos que soportan el Ejecutivo autonómico, la nueva Ley de Función Social de la Vivienda, que el PP no apoyó. Así, como novedad principal, la norma amplía la cobertura sobre personas que pueden verse afectadas por desahucios como avalistas y autónomos, de tal forma que se extienden los supuestos de expropiación de casas a bancos a estos colectivos.

Ésta es la respuesta de Andalucía después de que el Tribunal Constitucional paralizase, merced a un recurso de amparo del Gobierno de Mariano Rajoy, el anterior decreto antidesahucios de la Junta, que permitía al Ejecutivo regional expropiar casas a las entidades bancarias ante desalojos inminentes de familias en riesgo de exclusión social, una norma criticada por los bancos, la Unión Europea y numerosos fondos de inversión, que veían en ella un ataque contra la propiedad inmobiliaria y un factor desestabilizador de los mercados.

En una disposición adicional primera, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social, que, como consecuencia de la ejecución de un aval que las mismas hayan presentado en orden a garantizar un crédito hipotecario, hayan de responder con su propia vivienda habitual, por encontrarse incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por una entidad financiera, sus filiales inmobiliarias o entidad de gestión de activos.

Igualmente, se declara de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas dadas de alta en la Seguridad Social como autónomas o trabajadoras por cuenta propia que se encuentren en especiales circunstancias de emergencia social y cuya vivienda habitual constituya garantía de un préstamo bancario concedido para hacer frente al desempeño de su actividad profesional y se encuentren incursas en un procedimiento de ejecución o apremio instado por la entidad financiera concedente del crédito. El PSOE-A anunció días atrás que la futura Ley de función social de la vivienda contará con una «partida específica» en los presupuestos de la comunidad para 2014 y, a partir de ahí, se podrá valorar a cuántas personas va a beneficiar, una vez que amplía la cobertura a nuevos beneficiarios.

Por su parte, el PP-A votó en contra de la norma y auguró que también acabará siendo recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional porque tiene los mismos trazos de «inconstitucionalidad» que el anterior decreto sobre la misma materia y que fue recurrido. La secretaria de Territorio PP-A, Alicia Martínez, manifestó el pasado jueves que, en su día, el grupo popular se abstuvo en la votación del decreto ley porque su voluntad era el diálogo.