La exministra y exconsejera Magdalena Álvarez ha afirmado hoy, tras declarar como imputada por el caso de los ERE, que su gestión fue transparente y no tuvo conocimiento de las irregularidades.
La comparecencia de Álvarez como imputada ante la juez Mercedes Alaya ha concluido a las 13.45 horas y a continuación la juez va a hacer una comparecencia para determinar las posibles medidas cautelares.
Álvarez ha declarado a los periodistas que se siente muy contenta porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más.
Ha defendido que en la época en la que estuvo como consejera de Economía su gestión fue "transparente y clara" y no tuvo ningún conocimiento de las irregularidades que supuestamente se producían.
También ha matizado que se ha sentido muy cómoda y no ha tenido la impresión de que existiera ninguna tensión mi problema con la juez.
El auto de imputación En el auto del pasado mes de junio donde la imputó junto a otros 19 cargos o exaltos cargos, la instructora dijo que la exconsejera "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".
La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputó tanto a Álvarez como a su entonces viceconsejero, José Salgueiro, que se acogió el pasado jueves a su derecho constitucional a no declarar.
