Se aprueba la primera expropiación para evitar un desahucio en Huelva

Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han informado que el expediente de Andújar es el primero culminado en Andalucía y supone la expropiación temporal de la vivienda a la entidad financiera que en estos momentos es propietaria de la casa para evitar el desahucio por impago de la hipoteca.

Casada y con cuatro hijos, dos de los cuales son menores de edad -de 15 y 17 años- y que se encuentran a su cargo, esta mujer de 41 años, contaba el pasado mayo, cuando se convirtió en protagonista del primer trámite de expropiación forzosa incluido en la Ley de la Función Social de la Vivienda, que era la única de la unidad familiar que tiene trabajo, dos horas al día limpiando portales por el que percibe unos 350 euros mensuales.

Además de este dinero, la familia sólo cuenta con la ayuda de 420 euros que percibe el marido por ser desempleado de larga duración, y otra complementaria de 80 euros que tiene concedida ella, lo que hace un total de algo más de 800 euros mensuales.

Perdió su vivienda en octubre del 2011, tras salir a subasta después de más de quince meses sin pagar la hipoteca y tenía fecha de desahucio para el 14 de mayo, que no se ejecutó a raíz del inicio del procedimiento para acogerse a las medidas del nuevo decreto de la Junta.

"Feliz y emocionada por los 3 años de alivio" María del Carmen Andújar está "feliz y emocionada", por "los tres años de alivio" que le da esta medida. El expediente permite a esta mujer y su familia permanecer en la vivienda que fuera suya 36 meses a cambio de un alquiler social.

Andújar ha explicado que le han comunicado la noticia esta misma mañana desde la Consejería de Fomento y Vivienda y que desde entonces está "eufórica".

"Lo primero que he hecho es llamar a mi familia para contárselo y decirles que me podía quedar tres años más", ha dicho, un tiempo que espera "sea suficiente" para que "las cosas vayan mejor y poder renegociar con el banco una nueva hipoteca para su casa".

"Estoy aliviada", ha asegurado, sobre todo porque, según ha explicado, a raíz del recurso presentado por el Gobierno central al decreto de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía el procedimiento quedó parado y "tenía cinco meses, hasta diciembre, para irme".

Pese a la incertidumbre, Andújar no perdió el tiempo, y desde que en mayo se iniciara el expediente que hoy le permite quedarse en su casa, comenzó a pintar y a desembalar las cajas que se apilaban en las habitaciones a la espera de la ejecución de la orden de desahucio.

130 expropiaciones listas Actualmente existen, aparte del caso de María del Carmen y su marido, 130 expropiaciones listas en fase más o menos avanzada, en sólo tres meses en vigor de la norma, fundamentalmente durante el tiempo que estuvo vivo el decreto, anterior a la Ley y que fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC).

De estos expedientes, a 17 sólo les resta el paso de su culminación en Consejo de Gobierno, del mismo modo que ha ocurrido en esta jornada, concretamente seis en Málaga, cuatro en Sevilla, tres en Almería, dos en Granada, una en Huelva y una en Cádiz.

De igual modo, 113 están listos para su envío al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tras constatar los técnicos de la Consejería que cumplen los requisitos y encontrarse ahora en fase de cotejo de la información.

A su vez, en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda hay más de 500 personas (507) que han pedido protección, y que son potenciales beneficiarios de esta medida o del resto de medidas para garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda que mantiene la Consejería.

La consejera ha hecho hincapié en que "los desahucios son de género y clase, ya que son mayoritariamente las mujeres las que reivindican su casa y afectan a la clase de trabajadores" y ha celebrado que "se haya pasado del sí se puede al hemos podido", ya que desde 2007 la comunidad autónoma andaluza "ha sufrido más de 80.000 desahucios".

"Andalucía no forma parte de un Estado de derechas sino que forma parte de un Estado social, democrático y de derechos, y hay un gobierno democrático y no se legisla al antojo de entidades financieras ni de los grupos de presión, sino que se moviliza por la acción, que es la búsqueda del interés general", por lo que ha animado a las familias con estos problemas que acudan al Gobierno andaluz y que pidan ayuda.

Cortés ha remarcado que el Gobierno central "está obligado institucionalmente" a convocar la comisión bilateral donde, según ha explicado la consejera, se dirimen las posibles cuestiones de competencias entre gobiernos, por tanto, ha subrayado que la Junta "espera día y hora para fijar esta reunión que permita dirimir las posibles diferencias que el Gobierno tenga con esta Ley antes de recurrir a los tribunales", por lo que ha apostado por "agotar la vía del diálogo".