La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles una fianza de responsabilidad civil de 265.015 euros, más el tercio legal previsto, para el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, a quien la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado sendos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su comparecencia, Juan Antonio Florido se ha limitado a ratificar la declaración que, como imputado, prestó la pasada semana ante la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles'.

Ante la juez han comparecido también este miércoles dos 'intrusas' en el expediente de la empresa textil malagueña Hitemasa, como son María Nieves Ruiz y María José Martínez Elvira, a las que la juez ha imputado los mismos delitos que al exdirigente de CCOO-A.

Tres agentes de la Policía Nacional han escoltado este miércoles, a su llegada a los juzgados, a la juez Mercedes Alaya, todo ello después de los incidentes ocurridos la pasada semana, cuando varias decenas de sindicalistas se concentraron frente al edificio judicial para pedir la libertad de los compañeros detenidos en 'Heracles'.

Las dos intrusas creían estar cobrando una indemnización La primera en declarar ante Mercedes Alaya ha sido Nieves Ruiz Pérez. La imputada ha declarado que firmó donde le dijo su marido, fallecido en 2010, quien le explicó que le iban a dar una indemnización por su despido en Cárnicas Molina.

La juez le ha imputado haber percibido 96.000 euros por un lado entre 2001 y 2011 y 17.000 por otro. Ella, sin embargo, solamente ha reconocido los primeros 96.000 euros, más otra cantidad de unos mil euros, y su abogado ha anunciado a la juez que cuando pueda devolverá las cantidades percibidas.

La Junta de Andalucía ha pedido para Nieves Ruiz una fianza de responsabilidad civil de 171.000 euros y la fiscalía ha pedido un importe equivalente a lo que haya percibido indebidamente, aunque sin concretar la cantidad. Ambas acusaciones han incluido en su petición la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Después le ha tocado el turno a María José Martínez Elvira, que ha declarado que ya ha devuelto a la Agencia Tributaria 112.000 euros por las cantidades percibidas indebidamente.

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que la imputada ha declarado que creía estar percibiendo una indemnización de su marido procedente de Carnicas Molina, y que lo pusieron a su nombre porque él se acababa de divorciar de su primera mujer.

Martínez Elvira compatibilizó la percepción de esta póliza con su trabajo en el Ministerio de Trabajo elaborando certificados sobre jornales y también como organizadora sindical en UGT de Jaén. Las citadas fuentes han añadido que cuando percibió la póliza, el marido de Martínez Elvira seguía trabajando en la empresa Primayor, sucesora de Cárnicas Molina.

Pese a haber devuelto las cantidades percibidas, tanto la fiscalía anticorrupción como la Junta de Andalucía han pedido para la imputada una fianza de responsabilidad civil de 30.000 euros.