Una comisión interna de investigación de UGT-A ha constatado que no ha habido facturas falsas ni malversación de fondos públicos en la contabilidad del sindicato, que es "única, transparente, ordenada y correcta", aunque puede haber "interpretaciones contables".

En rueda de prensa, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha presentado las conclusiones preliminares de la comisión de investigación constituida el 27 de agosto a raíz de las denuncias de prensa sobre presuntas facturas falsas para desviar fondos de formación a otros fines como gastos corrientes.

"Es falso que UGT manejara facturas falsas", ha asegurado Fernández Sevilla tras analizar la comisión más de 1.500 documentos contables, aunque ha admitido que se han podido producir interpretaciones distintas en la imputación de los gastos con cargo a subvenciones.

Ha negado que haya facturas falsas porque ajustar los conceptos de las facturas para justificar los gastos es algo "normal y habitual" en cualquier organización, así como que se hayan inflado las facturas con el "desafortunado concepto de bote", ya que -ha explicado- se trata de una cuenta abierta entre los proveedores y el sindicato en la que también se hacen ajustes en los conceptos pero la "UGT no se ha quedado con un céntimo de euro".

También ha atribuido al normal funcionamiento contable de la organización las devoluciones de fondos públicos en caso de que no se justifiquen debidamente, como ha ocurrido con los 25.00 euros cobrados indebidamente por UGT y que la Junta ha recuperado, según ha anunciado la presidenta Susana Díaz.

El dirigente de UGT ha asegurado que las acusaciones publicadas en algunos medios de comunicación son "falsas, tendenciosas y reprobables" y los ha emplazado a que vayan a los tribunales porque hasta ahora sólo las ha denunciado una "organización de extrema derecha" (Manos Limpias) y no han recibido ninguna notificación judicial para declarar por estos hechos ni ha actuado la Fiscalía.

El líder de UGT, que compareció acompañado de dos miembros de su ejecutiva en presencia de numerosos medios de comunicación, eludió entrar en los detalles de las presuntas facturas falsas, aunque ante la insistencia de algunos medios afirmó: "Es mentira que haya una mariscada apuntada como gasto de negociación colectiva".

"No aceptamos que se abra una causa general contra la UGT porque no es justo y no nos lo merecemos", ha proclamado Fernández Sevilla, quien ha incidido en que "no hay sombra de corrupción en la actuación de la UGT y decir lo contrario es mentir".

Ha insistido en esta idea haciendo un paralelismo con el caso Bárcenas: "Aquí nadie ha robado discos duros ni los ha borrado, ni tiene una contabilidad B, ni ha aplicado sobrecostes o sobresueldos ni ha abierto una cuenta en Suiza".

En este sentido, ha defendido la transparencia del sindicato al haber constituido un fondo notarial por importe de 115.000 euros para garantizar la devolución de fondos en caso de que hubiera que hacerlo, y también han entregado al notario un disco duro con la contabilidad del sindicato.

Por tanto, ha concluido que de la investigación interna, en la que han participado miembros del sindicatos que no forman parte de la comisión ejecutiva, se deduce que no ha habido desvío de fondos, ni fraude, ni saqueo, ni malversación, ni ninguna trama corrupta.

Dada la ingente cantidad de documentos que maneja al año la UGT -doce millones documentos contables y 500.000 folios- "auditados y fiscalizados", la investigación se mantendrá abierta porque se necesita mucho tiempo para analizarlo en su totalidad.

La UGT cuenta con unos 200.000 afiliados en Andalucía, que pagan de media una cuota mensual de 11,35 euros, y con estos fondos se pagan los servicios prestados y los gastos corrientes del sindicato.

Además, dispone de unos 30 millones de euros, provenientes en su mayoría de la Junta, para ejecutar programas de formación para parados, trabajadores y otros colectivos.