La «macrocausa» por el fraude de los ERE irregulares en Andalucía se acerca a los doscientos acusados después de casi tres años de investigación en los que incluso se ha abierto procedimiento sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros de la Junta.

La cifra se eleva a 179 acusados, después de que la juez instructora del caso notificara esta semana la imputación de otras diez personas, cuando todavía se estaba tomando declaración a los últimos detenidos por la Guardia Civil por la segunda fase de la operación Heracles.

En esa nueva fase, la Guardia Civil imputó a otras 45 personas, entre las que se encuentran varios sindicalistas, por su presunta participación en el cobro de sobrecomisiones, aunque todos los detenidos quedaron en libertad con cargos tras prestar declaración.

Alaya mantenía ya a 116 personas imputadas y además dictó el pasado 10 de septiembre un auto por el que abría el procedimiento para la imputación contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros de la Junta.

La cifra casi se ha duplicado desde julio, cuando el fraude en el otorgamiento de ayudas sociolaborales acumulaba 93 imputados, de los que 25 eran altos o ex altos cargos de la Junta.

La juez imputó en un mismo auto a veinte cargos o excargos del Gobierno regional, entre ellos la exministra y exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, ya que pretendía dar un «salto cualitativo» en una investigación para centrarla en responsables políticos.

Álvarez, que declaró esta semana ante Alaya, dijo que no conoció los reparos de la Intervención de la Junta a cómo se estaban dando las ayudas y que el Gobierno andaluz nunca planteó dotar al sistema de más agilidad. Entre los imputados en esta trama hay otro exconsejero, Antonio Fernández (Empleo), quien incluso ingresó en prisión en 2012 pero salió tras abonar una fianza de 450.000 euros.

Además, también está imputado el viceconsejero de la Presidencia Antonio Lozano, y cinco exviceconsejeros: Agustín Barberá y Justo Mañas, de Empleo; José Salgueiro, de Economía y Hacienda; y Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez, de Innovación.

En la causa se encuentran inmersos empresarios de las mediadoras implicadas, Vitalia y Uniter, «conseguidores», «intrusos», abogados y sindicalistas.

Tres encarcelados

Hasta el momento han sido once personas las que han ingresado en prisión, aunque sólo tres permanecen en la cárcel: el «conseguidor» y sindicalista Juan Lanzas y los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.