El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dijo ayer que el sindicato no cometió ilegalidad en los ERE andaluces pero sí señaló que la investigación interna constata «desorden» en la facturación de las pólizas e «indicios, en algunos casos, de comportamientos reprobables».

En rueda de prensa, Toxo, que desgranó el informe elaborado por la comisión de investigación interna sobre la intervención sindical en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía, reconoció «desorden» en la facturación -que no cobro de comisiones- y aseguró que, a partir de ahora, la facturación de las pólizas de seguros ya no se hará a través de entidades mediadoras sino directamente a las empresas.

Por su parte, el secretario de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, que también compareció en la rueda de prensa, responsabilizó de la «la chapuza administrativa» a la autoridad laboral de Andalucía, y subrayó que esa «chapuza» ha hecho que aparezcan «intrusos que no lo son o pólizas que tenían que estar en un sitio y han estado en otro, aunque el sindicato no ha participado de ello».

Toxo avanzó que de los diez imputados hasta el momento vinculados a CCOO, se ha convenido que «cinco de ellos merecen la protección jurídica por parte del sindicato», mientras que de los otros cinco «algunos no pertenecen a la organización y dos están inmersos en un proceso sancionador por parte del sindicato».

El informe de la comisión rechaza que CCOO haya participado en la trama de los ERE o que alguno de los imputados «haya metido la mano», pero sí confirma «desorden» en la facturación y «deficiencias en la instrucción» de la juez Mercedes Alaya. En ese marco, dijo que no es comprensible que se haya tardado tanto tiempo para pedir los datos a la Agencia Tributaria.

Fianza civil de 7,2 millones para Mañas. La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653,31 euros al exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Justo Mañas, quien compareció ayer ante la magistrada Mercedes Alaya y se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La juez imputa al que fue viceconsejero de Empleo desde el 30 de marzo de 2010 hasta el 6 de mayo de 2012 los delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos. De igual modo, le impone la prohibición de salir de España.