El portavoz parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, avanzó ayer que el presupuesto de la Junta para 2014 caerá un 4,3% respecto al anterior -que ascendió a 30.706 millones-, con lo que se situará en torno a los 29.400 millones, fruto del recorte de 1.200 millones «impuesto» por el Gobierno central. No obstante, indicó que «la cifra no está cerrada» y existe aún la posibilidad de aumentar los ingresos de la Junta.

En rueda de prensa, Castro indicó también que las transferencias destinadas a los entes instrumentales de la Junta, a excepción de los sanitarios y educativos, sufrirán un descenso que será superior al 4,3%. De igual modo, confirmó que Andalucía quitará por tercer año los complementos a los empleados públicos.

El dirigente de izquierdas, que lamentó «profundamente» este recorte que supone 322 millones, dijo que su formación tendrá que ser «pedagógica» a la hora de explicarlo. Asimismo, señaló también que se van a llevar a cabo «auditorías activas» de los entes instrumentales para ver qué gastos «superfluos» se pueden eliminar, aunque sin tratarse de medidas «lineales» porque ya ha habido consejerías que han reducido notablemente su sector instrumental, poniendo como ejemplo los tres departamentos dirigidos por IULV-CA.

Tras destacar que con 1.200 millones menos en el presupuesto «no se puede pretender que obremos el milagro», el portavoz parlamentario insistió en que con la reducción impuesta «todos los ámbitos presupuestarios de la Junta se van a ver afectados», aunque la prioridad será salvaguardar la educación, la sanidad, los servicios sociales y el empleo.

Castro indicó también que las cuentas de la Junta no van a estar provincializadas como ha demandado el PP-A.

Mientras, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, señaló que «lo que se toca es una parte del complemento de las pagas extra» de los funcionarios públicos y añadió que si el Gobierno andaluz toma esta decisión es por el «castigo» del Ejecutivo central a Andalucía. Además, pidió una investigación y una explicación sobre la filtración del Consejo Consultivo en torno a este tema. «La voluntad del Gobierno andaluz es el mantenimiento o la recuperación del nivel retributivo de los empleados públicos pero no depende de la Junta sino del Gobierno de España, que no garantiza la financiación justa», dijo.

Mientras, el portavoz del grupo popular en el Parlamento, Carlos Rojas, consideró que la Junta podría ahorrar 1.200 millones «o incluso más» si acometiera un verdadero plan de choque en la Administración pública con el que se quitara «toda la grasa política» que, a su juicio, existe en los entes instrumentales, consorcios y fundaciones que componen la denominada «administración paralela». «Es ahí donde hay que recortar», insistió, y no en las pagas extras y complementos de los empleados públicos de la comunidad, que serán los únicos del país que en 2014 vean mermados sus salarios «por una decisión política de PSOE-A e IULV-CA», añadió.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), PSOE e IU apostaron ayer en el Parlamento andaluz por que el Gobierno cumpla lo que establece el Estatuto de Autonomía, mientras el PP sostuvo que ya lo hace. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró que no se pueden conformar con que se le haya «quitado» a Andalucía 1.200 millones, a lo que el PP respondió que la Junta tiene que reducir el «chiringuito» de la administración paralela para invertir ese dinero «en la gente que lo pasa mal».