La Junta de Andalucía se ha propuesto aumentar la esperanza de vida de los andaluces, que ahora se sitúa en 83,7 años para las mujeres y 78,1 para los hombres, y reducir la desigualdad social reinante. Éstos son los dos primeros compromisos, de un total de seis, sobre los que pivota el IV Plan Andaluz de Salud, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, y que recoge la estrategia en este terreno hasta el año 2020. Para poder a llevar a cabo este ambicioso proyecto, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales tiene intención de implicar a todas las áreas de la administración autonómica. De momento, el plan cuenta con un presupuesto de 98 millones para este año y, para aquellos que puedan pensar que el mismo terminará en el fondo de un cajón, la Junta anuncia que tiene intención de ejecutarlo en su integridad.

El punto de partida de este plan, en cuya elaboración han participado 15 entidades sociales y asociaciones de profesionales y pacientes, es que los andaluces vivan más, pero con más calidad y autonomía, aspectos que entran de lleno en la necesidad de implantar medidas preventivas y de promoción para que las personas con discapacidad y en situación de dependencia moderada conserven el máximo tiempo posible las aptitudes necesarias para llevar a cabo las actividades de su vida diaria.

Para ello, según explicó la consejera responsable del plan, María José Sánchez Rubio, los servicios de rehabilitación del sistema sanitario público priorizarán la recuperación integral de sus pacientes.

Respecto a la lucha contra las desigualdades sociales, la Junta insistirá en la cobertura de las necesidades básicas de los menores en situaciones vulnerables y de exclusión social, con especial atención a la alimentación y educación. Así, el plan busca priorizar la financiación pública de las plazas escolares de 0 a 3 años en barrios y municipios más desfavorecidos.

Paralelamente, se pondrán en marcha programas para incentivar el ejercicio físico entre los mayores y personas dependientes, la promoción del uso de la bicicleta y el transporte público, programas para la vigilancia y control de la alimentación, así como actuaciones para reforzar la investigación y las nuevas tecnologías.

El plan contempla analizar cada dos años el cumplimiento de estos objetivos, a través de órganos de participación integrados por ciudadanos y entidades locales.