El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha dicho este martes que "no hay que descartar" que la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos eleve "pronto" una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ante la presunta implicación en los hechos de personas aforadas.

Durante una entrevista concedida al programa 'La tertulia' de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, García Calderón no ha querido pronunciarse sobre el fondo del caso ERE debido a que la competencia le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, que es "la única que debe ser interlocutora del Ministerio Fiscal en esta materia".

"Otra cosa es que se acabe llevando una exposición razonada al TSJA, en cuyo caso sí seré yo el fiscal competente y el que se tenga que pronunciar sobre los aforados autonómicos que puedan existir", ha subrayado el fiscal superior de Andalucía, quien, preguntado sobre si esto último "va a pasar pronto", ha contestado que "no hay que descartarlo".

De igual modo, y cuestionado por las posibles "desavenencias" existentes entre los fiscales del caso y la magistrada Mercedes Alaya, tampoco ha querido pronunciarse sobre el caso concreto, aunque ha asegurado que "las desavenencias siempre son malas, porque no benefician al buen fin de la investigación".

En esta línea, y sobre las críticas de la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, por las "expresiones gratuitas" contra el Ministerio Público vertidas por la juez en el auto por el que archivaba la causa contra seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla, García Calderón ha valorado que estas palabras "fueron adecuadas y muy correctas".

De otro lado, el fiscal superior ha puesto de manifiesto que "el problema de la dilación temporal" en las investigaciones criminales "no es un atributo exclusivo de la investigación de los ERE, ni mucho menos", ya que en este caso además se trata de una investigación "complejísima, un axioma".

A su juicio, y siempre en términos generales, "la indefinición temporal en la investigación criminal es un despropósito y tiene que ser combatida con energía a través de un hipotético y futuro código procesal penal" donde los plazos "estén tasados, con las prórrogas que sean precisas", algo que "no es imposible, sino que se puede conseguir con la dotación de medios suficientes".

"El no establecer plazos tasados de investigación resulta muy negativo, y en la actualidad se podría combatir sin grandes esfuerzos siempre que tuviéramos los medios necesarios", ha explicado, abogando así por "aprovechar un nuevo marco procesal penal para instalar este plazo tasado" y a fin de que se establezca que la instrucción recaiga en el Ministerio Público.

A su juicio, la investigación criminal "no puede hacerse recaer sobre una sola persona, sino que tiene que hacerse a través de un equipo multidisciplinar" y "dejando la instrucción en manos" de la Fiscalía, una cuestión "que no produce apenas contestación", ya que, "en lo esencial, todos los operadores jurídicos están de acuerdo con el traslado de la instrucción al Ministerio Fiscal".