El vicepresidente andaluz y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha cuestionado este viernes que la juez Mercedes Alaya haya vuelto a "preimputar" a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, "un concepto que uno entiende", y ha defendido que la magistrada "si tiene que imputar que impute, y si no puede imputar que traslade la causa a quien la tenga que trasladar".
Valderas se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press al ser preguntado por el último auto de Alaya en respuesta a la Audiencia Provincial de Sevilla en el que vuelve a comunicar "a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" y "en calidad de imputados la existencia del procedimiento" relacionado con los ERE irregulares a Chaves y Griñán y a cinco exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados.
"Volver siempre al lugar anterior no me parece el camino adecuado", ha advertido el vicepresidente de la Junta, que ha cuestionado que Alaya recurra "nuevamente al concepto de preimputaciones" y ha defendido que "los andaluces no se pueden permitir que en un tema tan importante y escandaloso se esté siempre marcha atrás, como en el día de la marmota".
En este sentido, Valderas ha lamentado que "Alaya toma determinaciones de hoy que repiten determinaciones de ayer cuando la ciudadanía quiere llegar al fondo de las responsabilidades políticas y administrativas" y ha señalado que "con este tema parece que no salimos del mismo lugar cuando lo que interesa es llegar al fondo".
En su opinión, la Junta "está haciendo lo que tiene que hacer" en el caso ERE, con una "colaboración estrecha con la Justicia en todas aquellas materias que se le piden" mientras que "la jueza no resuelve adecuadamente después de más de tres años un caso tan importante en el que los andaluces quieren saber realmente el alcance de las responsabilidades políticas y administrativas".
Sobre el registro practicado por la Guardia Civil en la sede de UGT-A por orden de Alaya, Valderas ha asegurado que es "muy respetuoso con las decisiones que se adoptan en la Justicia", pero ha coincidido con el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, en cuestionar las "formas".
Se ha preguntado "si no hay otras formas para que todos los elementos de investigación de cualquier materia se hagan con mayor diligencia y rapidez y con mayor respeto en cuanto a las formas sobre instituciones que han dado mucho por lo que significa la clase trabajadora".
