El Consejo de Gobierno ha acordado la distribución de 10,29 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar este año el mantenimiento de los contratos de 268 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, recordó la «apuesta firme por este derecho que es una prioridad para el Gobierno andaluz» y que Andalucía es la primera comunidad en el desarrollo de la Ley de Dependencia con el 22% de los beneficiarios en el conjunto de España.
La aportación se realiza pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que han supuesto que Andalucía ha dejado de recibir 314 millones desde 2012 y financia el 72% de la inversión total asociada a la Ley de Dependencia. El personal de refuerzo realiza actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios, así como con la ayuda a domicilio.
