El conflicto surgido por la decisión de la Consejería de Educación de despedir a los 840 monitores de apoyo administrativo que prestaban servicio a través de empresas privadas en los colegios andaluces pasa por uno de sus peores momentos, después de que la Junta haya decidido contratar a nuevo personal a través del SAE sin tener en cuenta la experiencia y primando la posesión de un título específico de técnico. Según CCOO, después de más de tres meses de protestas no ha habido convocatoria de negociación para hallar una solución a los despidos.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco, denuncia «la falta de sensibilidad del Gobierno andaluz y la ausencia de voluntad para dar solución al despido de estos 840 trabajadores». Blanco señaló que el Gobierno andaluz «ha tenido la oportunidad de hacer políticas distintas y mantener el empleo ante todo, porque estos trabajadores no son responsables de los errores de la Junta, y se ha hecho cargar sobre ellas y ellos dicha responsabilidad».

El sindicato critica asimismo la actitud de la Junta que, desde que se inició el conflicto allá a primeros de octubre «ha negado el pan y la sal» al colectivo sin ofrecer la apertura de un marco negociador que aportase una solución al problema de sus despidos, así como permitir adquirir la titulación que les habilitase para poder optar a desempeñar estos puestos. Para CCOO, la Junta incurrió en fraude en la contratación y aunque fueran contratados por empresas privadas ha sido la administración durante ocho cursos escolares la que ha ejercido de empresa contratante, por tanto tienen un derecho frente a ella, porque ha sido parte de una cesión ilegal de trabajadores.

Estas palabras contrastan con la versión de la Junta, que acusa a los sindicatos de la falta de acuerdo que permita subrogar los contratos del personal afectado.

Por su parte, los directores integrados en la asociación Asadipre, que en este tiempo ha abogado por que se encontrara un «encaje legal a las personas que habían venido desempeñando esta labor» lamentó ayer la tardanza de la puesta en marcha de este plan de choque, ya que este retraso «ha provocado que en muchos colegios los directivos hayan estado sobrecargados de tareas administrativas y burocráticas durante meses, restando tiempo a otras de tipo organizativo y pedagógico.