La Consejería de Educación ha puesto en marcha el procedimiento para contratar a nuevos monitores que lleven a cabo funciones de apoyo administrativo en los colegios de Infantil y Primaria de la comunidad autónoma, después de haber despedido a más de 840 el pasado mes de noviembre, una vez que les cumplió el contrato (algo más de un centenar trabajaban en centros de la provincia de Málaga). Sin embargo, esta oferta de empleo público la hará a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y no tendrá en cuenta la experiencia de quienes hasta ahora venían prestando servicio, como venían reclamando los afectados, aunque sí contará para aquellos que tengan la titulación requerida.
La Junta culpa a los sindicatos de esta situación, «al no haberse logrado la unanimidad deseada», según informó ayer en un comunicado. Y eso que el pasado 3 de diciembre, Educación había accedido a negociar una solución pactada para estos trabajadores de las oficinas de los colegios tras las numerosas manifestaciones que habían protagonizado. Los monitores afectados reclamaban la subrogación de sus contratos, teniendo en cuenta que durante los siete últimos años habían llevado a cabo este trabajo burocrático, indispensable en estos centros. El consejero Luciano Alonso apeló «a la complicidad con los sindicatos para llevar a cabo lo antes posible un plan de choque en el que se pueda contar con la experiencia de estos empleados, cuya labor ha sido, para la Junta, satisfactoria», como informó La Opinión de Málaga.
Sin embargo, estas negociaciones no han llegado a buen puerto y la Junta anuncia que contratará a los nuevos monitores administrativos antes de que comiencen los trámites de escolarización el próximo 1 de marzo, y reducir así las cargas burocráticas de los equipos directivos de los centros. Así que el plan de choque anunciado se quedará en la selección de personal mediante Oferta Genérica al SAE exigiendo los requisitos de titulación que, para la categoría de monitor escolar, recoge el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía y el Acuerdo de Titulaciones de 2005. Es decir, los aspirantes tienen que tener la titulación específica de Técnico Superior de Administración y Finanzas y de Animación Sociocultural, a pesar de que muchos de los que han perdido su puesto de trabajo y reivindicaban su reincorporación cuentan con carrera universitaria, además de los años de servicio y conocimiento de la tarea a realizar.
«Educación lamenta la falta de unanimidad de las centrales sindicales que no han posibilitado esta modificación», asegura la Junta en la nota. Este plan tendrá una duración de un año hasta que se creen las plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y se puedan cubrir con personal propio de la Junta de Andalucía.
Los monitores escolares que están en lucha por su puesto de trabajo recibieron ayer la noticia como un jarro de agua fría. «Más que eso, esto es un pisotón de elefante», reconocía Virginia Vázquez, portavoz de los trabajadores perjudicados en la provincia de Málaga. Desde su punto de vista, la Junta de Andalucía miente al culpar a los sindicatos de la falta de acuerdo y augura que será «imposible» que el nuevo personal de apoyo administrativo entre a trabajar el 1 de marzo. «Van a tener que baremar a más de 5.000 aspirantes en poco más de un mes», señaló.
Denuncias a Educación
«En estos dos meses de lucha nosotros no hemos avanzado nada y sin embargo la Junta se va a ahorrar cuatro meses de nómina», se lamentó Vázquez, quien recordó que durante los últimos siete años estos monitores han estado trabajando en situación ilegal, por lo que han presentando las correspondientes denuncias contra la Consejería de Educación. «Hemos encadenado contratos en fraude de ley y tendríamos que haber pasado a ser indefinidos, después de siete años con cesión ilegal de trabajadores e incumpliendo el estatuto», aseguró.
Los monitores malagueños participarán mañana miércoles en una nueva concentración que tendrá lugar ante el Edificio Torre Triana, en Sevilla, sede de la Consejería de Educación.
