La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves una fianza de responsabilidad civil de 584.000 euros para un segundo sindicalista de CCOO imputado por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía en relación al ERE del Hotel Cervantes de Torremolinos, ERE por el que han comparecido ante la instructora un total de ocho imputados entre este miércoles y jueves.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Gonzalo Fuentes Guerrero, secretario general de la federación andaluza de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, ha comparecido ante la magistrada Mercedes Alaya, que le achaca que "no sólo sería conocedor de la inclusión" de dos 'intrusos' en el ERE, sino que "facilitaría el proceso", y se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Tras ello, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha solicitado para el dirigente sindical una fianza civil de 584.000 euros, cantidad que, a su juicio, se corresponde con las dos pólizas cobradas por los 'intrusos' en el ERE --como son Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas-- más el tercio legal previsto.

Además, ha pedido declarar responsable civil subsidiaria a la federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, tal y como hizo en el caso de José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical de CCOO y prejubilado en el ERE del Hotel Cervantes, quien compareció ante la juez este miércoles y para quien la Fiscalía pidió la misma cantidad en concepto de fianza civil.

Tras abandonar los juzgados, Gonzalo Fuentes ha atendido a los periodistas para señalar que no ha declarado ante la magistrada porque no ha sido hasta hoy cuando ha conocido los hechos que se le imputan, por lo que ha anunciado que, a partir de ahora, estudiará el auto de imputación para prestar declaración posteriormente, porque "queremos colaborar con la Justicia y el Estado de Derecho". "Estamos convencidos de que todo lo que hemos hecho en el hotel es legal", ha defendido.

También han comparecido ante la juez Alfonso Espinosa y Javier Bertola, directivos del Grupo Nueva Rumasa "que conocerían el presunto tráfico de influencias a favor del grupo ejercida ante la Junta de Andalucía" por el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas "para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE de empresas de Nueva Rumasa, y los que ordenarían los pagos a Juan Lanzas a razón de cien millones de pesetas por cada ERE".