La Junta de Andalucía está revisando subvenciones concedidas a UGT desde 2008 y anunció ayer que ha remitido a su gabinete jurídico otros cuatro expedientes para que se determine el procedimiento que debe seguirse y decidir si se pide el reintegro de esas subvenciones.

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, informó en comisión parlamentaria de que hay 19 procedimientos de revisión de subvenciones otorgadas al sindicato entre 2008 y 2012, cuatro de ellos en proceso de reintegro, los cuatro remitidos al gabinete jurídico, y otros once en distintas fases de tramitación, así como una ayuda a la que renunció UGT.

Aseguró que la premisa básica del Gobierno andaluz es esclarecer el uso de los fondos públicos otorgados y dijo que él es el principal interesado en que el proceso sea «el más corto posible» porque así terminará antes «esta especie de calvario político» al que asiste.

Entre los procedimientos, nueve se han abierto en la Dirección General de Relaciones Laborales, en todos los casos vinculados a acciones de promoción, asesoramiento y actividades llevadas a cabo por UGT. En ese departamento es donde se han remitido a los servicios jurídicos los cuatro expedientes y donde en dos de ellos se inició el proceso de reintegro por valor de 1,8 millones, uno relativo a acciones de promoción, información, asesoramiento y actividades propias del sindicato por 1,1 millones, y otro sobre coordinación, infraestructura y difusión de las iniciativas en negociación colectiva por 700.000 euros.

El PP-A insistió ayer en que UGT-A ha sido el «cordón umbilical» utilizado por el PSOE-A para poder defraudar ayudas públicas de la Junta de Andalucía, ya que «el dinero salía de la Junta y acababa en la sede del PSOE-A», previo paso por esta organización. Así lo denunció la vicesecretaria de Economía y Empleo del PP-A, Carolina España, para referirse a las «bochornosas» noticias que están saliendo a la luz durante los últimos días.

Por último, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, pidió a la Junta que tenga en cuenta la responsabilidad compartida a la que apunta el informe de la Cámara de Cuentas sobre los programas de formación Orienta de 2009 y 2010. Según Méndez, el informe concluye que «ha habido problemas de control» y acredita que hay una corresponsabilidad compartida entre UGT, la Junta y el resto de organizaciones que participan en estos programas.