La Junta de Andalucía aprueba su proyecto de Ley de Transparencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que será remitido de manera inmediata al Parlamento autonómico, donde iniciará su tramitación hasta la aprobación definitiva que permitirá su entrada en vigor, que se produciría en un plazo de un año. A diferencia de la norma nacional, la futura ley andaluza incluye un régimen sancionador, que contempla multas de hasta 400.000 euros si no se facilita la información solicitada.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha manifestado que el objetivo de la ley es que todo lo público sea transparente y que los ciudadanos puedan saber qué se hace con el dinero público y puedan exigir rendición de cuentas de manera permanente. "Los ciudadanos podrán saber dónde va y qué se hace con su dinero", ha señalado el consejero, para quien esta norma es un instrumento para "combatir la corrupción" .

Ha indicado que es una ley avanzada, que va por delante de la norma nacional, en aspectos como la inclusión de un régimen sancionador; las obligaciones de altos cargos, o la publicación de información de administraciones. Ha apuntado además que se ha enriquecido con las aportaciones que han hecho ciudadanos y distintos colectivos sociales en un amplio proceso de participación que se ha llevado a cabo en todas las provincias.

Para velar por el cumplimiento de la norma, se contempla la creación del Consejo de Transparencia y protección de datos (en el anteproyecto se denominaba agencia), cuyo director, una persona de reconocido prestigio, será designado por el Parlamento, por mayoría absoluta, para garantizar su independencia. Este órgano establecerá las sanciones que procedan en caso de que una administración o entidad (todas aquellas que reciban fondos públicos) se niegue a facilitar la información que se le solicita.

El Gobierno andaluz ha elaborado esta ley con el objetivo fundamental de facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos.

De esta forma, además de las administraciones (la Junta, el Parlamento andaluz en sus decisiones administrativas, los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las agencias y entidades vinculadas), estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, entre otras) que reciban ayudas o subvenciones para sus actividades; las empresas privadas que gestionan servicios municipales, y las empresas y entidades que concierten con la Administración la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales.