El PSOE e IU llegan a un acuerdo que evita la fractura pero deja heridas

­El Gobierno andaluz dio por cerrada a las 01.30 horas de la madrugada del sábado la crisis motivada por el conflicto de la corrala La Utopía de Sevilla, cuyas familias fueron expulsadas por la policía y posteriormente realojadas en ocho pisos del parque público de viviendas. A esa hora, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, firmó un nuevo decreto para derogar el firmado un día antes y devolver así las competencias en política de vivienda a la Consejería de Fomento, en manos de Izquierda Unida. Esta fue la condición que IU puso encima de la mesa para acabar con 48 horas de tensas negociaciones y zanjar la crisis.

No fue fácil. Los dos partidos mantuvieron el viernes una reunión de más de cinco horas para evitar que la crisis fuera a más allá y motivara un posible adelanto electoral. Tras el fracaso de la reunión maratoniana del pasado jueves, sobre la media noche del sábado los dirigentes del PSOE presentes en las negociaciones abandonaron el Parlamento dando por hecho que habría acuerdo, mientras que los dirigentes de IU se quedaron en las dependencias de su grupo parlamentario hasta tener constancia de que la presidenta de la Junta firmaba el decreto que ayer se publicó en el Boletín Oficial de Andalucía.

El acuerdo contempla que ocho familias que el miércoles habían sido realojadas en viviendas públicas por la Consejería permanecerán en ellas provisionalmente, hasta que los servicios sociales acrediten que están en riesgo de exclusión social. Queda suspendido el realojamiento de otras nueve familias que Fomento pretendía que se hiciera en viviendas de alquiler privado hasta que se estudien sus circunstancias y los servicios sociales comunitarios actualicen los informes correspondientes relativos al riesgo de exclusión social y a la necesidad habitacional de las mismas.

Dirigentes del PSOE e IU insistieron ayer en declaraciones públicas en que la crisis se ha solventado y en que ha vuelto la normalidad a la Junta.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, fue incluso más allá y aseguró que el pacto con IU ha salido «fortalecido» y que se ha demostrado que en la comunidad existe igualdad de oportunidades para acceder a una vivienda social. Los que le dan «una patada a una puerta» no tienen más facilidad para acceder a una vivienda, según Cornejo, que justificó que Susana Díaz haya derogado el decreto que retiraba a la Consejería de Fomento las competencias sobre viviendas sociales porque se ha cumplido la legalidad al anularse el realojo de nueve de las familias de la corrala Utopía.

En Málaga, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, coincidió en que «la normalidad ha vuelto», aunque señaló que la presidenta de la Junta ha restituido las competencias «que nunca tenían que haberse quitado» a la Consejería de Fomento, cuya actuación ha sido «legal como pocas» e «impecable», por lo que ha defendido la continuidad de la consejera, Elena Cortés.

A pesar de estas declaraciones, durante 48 horas el pulso entre los dos socios de Gobierno ha sido evidente y dejará huellas en la relación.

Un pulso de 48 horas

La retirada de las competencias de forma temporal a la Consejería de Fomento al entender Susana Díaz que en el realojo de las familias IU se había saltado la igualdad de oportunidades para los que permanecían en lista de espera, provocó un enfado en la federación al comprobar que la presidenta de la Junta de Andalucía había cumplido con su palabra y ordenado que se publicará el decreto en el BOJA para la retirada de las competencias.

La reacción de IU no tardó en llegar pese a que Díaz se aseguró que la retirada fuera temporal para ofrecer a sus socios de gobierno una salida si demostraban que el realojo se había realizado cumpliendo con todas las garantías que marca la ley. Aún así, IU calificó de «soberbia» y «prepotente» la maniobra de la presidenta de la Junta de Andalucía y tras una reunión de la cúpula de la federación se decidió el viernes por la mañana la «ruptura momentánea» del pacto de gobierno y ordenó a sus consejeros que anularan su actividad gubernamental.

El PP no tardó en ver la brecha en la crisis y la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, arremetió contra la «inestabilidad política de Andalucía», precisamente uno de los hitos en los que Susana Díaz más había trabajado con los grandes empresarios del país para captar inversiones.

Lo que no ha conseguido la instrucción del fraude millonario de los ERE pese a la cascada de autos judiciales de la jueza Mercedes Alaya señalando a las entrañas de los anteriores gobiernos socialista, ni los recortes salariales aplicados por la Junta de Andalucía o los ajustes presupuestarios en servicios públicos, lo ha logrado el polémico «realojo express».

Durante 48 horas los dos socios de Gobierno han ido medido sus tiempos y ahora queda por ver cómo será el día a día.