La CE recibe garantías de que los cursos no se pagaron con sus fondos

La Comisión Europea (CE) aseguró ayer que las autoridades españolas han vuelto a garantizar que el supuesto fraude en los cursos de formación para parados en Andalucía no está vinculado a fondos de la Unión Europea (UE).

«La semana pasada volvimos a comprobarlo y nos garantizaron que no había implicado dinero del Fondo Social Europeo (FSE)», señaló el portavoz de Empleo y Asuntos Sociales, Jonathan Todd. Explicó que Bruselas ya estuvo en contacto con España por este caso en enero, cuando las autoridades andaluzas también les aseguraron que los cursos no habían sido financiados con fondos comunitarios. La CE pidió la semana pasada a España que aclarase de nuevo si había dinero del FSE relacionado en este supuesto fraude.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró ayer que el fraude que se investiga en los cursos de formación es «a la administración» y no de la administración pública, y advirtió de que quien haya defraudado tendrá que pagar, «se llame como se llame». «Quien haya provocado quebranto a las cuentas públicas» tendrá que pagar por ello «cuanto antes», dijo Díaz en una entrevista en Onda Cero, donde insistió en que «se separe muy bien quién defrauda del nombre de Andalucía» y reclamó «el mismo respeto para todas las comunidades, porque algunos tienen la tentación de volver al serial, de usar la corrupción política como arma».

Díaz subrayó que «si en algún momento algún control ha fallado o alguien ha actuado mal, también lo tendrá que pagar», y precisó que este tipo de casos se corrigen «con transparencia». «Cuando los ciudadanos sepan cómo se gasta hasta el último céntimo será complicado defraudar», añadió.

Mientras, el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera, declaró acerca del supuesto fraude en los cursos de formación que se trata de «un bulo malintencionado que pretende ensuciar el buen nombre de Andalucía». A su juicio, el paralelismo que se ha trazado entre este caso y los ERE es un bulo divulgado por el PP. También dijo que no ha sido la Fiscalía la que ha filtrado datos, sino la policía: «Es una verdadera vergüenza que gente del cuerpo nacional de policía pueda hacer cosas de este tipo», indicó.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, opinó que el control en los cursos de formación es «imprescindible y necesario». «Somos las empresas las que pagamos, lógicamente, los cursos y tenemos que decir dónde se tiene que emplear esa formación». En este contexto, indicó: «Todos los controles nos parecen no bien, súper bien, absolutamente imprescindibles y necesarios, pero por parte de todos, por parte de la Administración central, de las autonómicas y de todos y cada uno de los que hagan los cursos».

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, defendió la necesidad de conocer «de forma oficial y pública» la investigación abierta por la UDEF con respecto al supuesto fraude en las subvenciones para la formación de desempleados en Andalucía. Méndez destacó que el fraude no afecta a UGT y subrayó que «parece que no hay ningún conocimiento oficial».

La líder en Andalucía de este mismo sindicato, Carmen Castilla, mostró su preocupación por las «filtraciones intencionadas» en relación a la investigación que crean «juicios mediáticos y armas arrojadizas» entre partidos políticos. Castilla defendió la formación ofrecida por UGT-A, donde más del 90% es presencial, y advirtió de que «no le hace bien a Andalucía» este tipo de filtraciones, porque la imagen que llega es de que «todos los ciudadanos están tocados por la corrupción».

Por último, el grupo parlamentario de UPyD en el Congreso exigió al Gobierno que investigue y depure todas las responsabilidades en torno al presunto fraude registrado tanto en Andalucía como en la Comunidad de Madrid. A su juicio, la «inacción» del Ejecutivo para esclarecer estos hechos es «total». UPyD lamentó que los ejecutivos de ambas comunidades han puesto en marcha una serie de investigaciones «de dudosa independencia» para dirimir posibles responsabilidades.