La Junta aprueba el decreto para desactivar la reforma local en Andalucía

El Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto ley de medidas sobre la aplicación de la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, con el que pretende «desactivar los perjuicios» de la reforma local en Andalucía mediante el «blindaje» de 29 competencias.

El vicepresidente del Gobierno andaluz y consejero de Administración Local, Diego Valderas (IU), explicó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el decreto pretende también favorecer que no se pierda ningún empleo público, además de actuar como «dique de contención al intento de desmantelamiento» de la Administración Local.

Valderas incidió en que esta norma trata de evitar disfunciones y vacíos competenciales en la prestación de los servicios municipales hasta que se dirima el conflicto de competencias planteado ante el Tribunal Constitucional, dado que la ley aprobada por el Gobierno ha sido recurrida.

La regulación aprobada en Andalucía establece que siguen siendo competencias propias de los ayuntamientos las 29 que recoge el Estatuto de Autonomía y que desarrolla la Ley de Autonomía Local, al tiempo que interpreta la aplicación de la reforma local en el sentido de acotar al máximo el concepto de duplicidad para no interferir en la capacidad de autogobierno. De este modo, se considera que sólo se dará esta circunstancia si las competencias que los municipios ejercen coinciden con las de la Junta en el mismo territorio y para la misma población, y si no, son complementarias.

Valderas recordó que los efectos de la reforma local inciden especialmente sobre los 691 municipios andaluces de menos de 20.000 habitantes (el 89,5% del total), que podrían perder «buena parte» de sus competencias a favor de las diputaciones, mientras que los 509 municipios de menos de 5.000 habitantes (66% del total) quedan expuestos a la posibilidad de ser disueltos e intervenidos.