27 de junio de 2014
27.06.2014
Investigación de la Guardia Civil

Quedan libres sin fianza los dieciséis detenidos por las facturas falsas de UGT

Sólo el extesorero del sindicato y la exsecretaria de Gestión tendrán que pasar por el juzgado cada 15 días

27.06.2014 | 05:00
Federico Fresneda, a su llegada a los juzgados de Sevilla.

Las 16 personas detenidas por las presuntas facturas falsas de UGT-Andalucía para justificar subvenciones quedaron ayer en libertad sin fianza y el juez únicamente impuso la personación en el juzgado cada 15 días al extesorero del sindicato y a la exsecretaria de Gestión Económica.

Los tres sindicalistas y los trece empresarios fueron arrestados en una operación simultánea de la Guardia Civil desarrollada el martes en Sevilla, Madrid, Tenerife, Alicante y Jaén, dentro de la investigación del juez de instrucción 9 de Sevilla sobre las presuntas facturas falsas presentadas por UGT para justificar subvenciones de la Junta para formación.

Federico Fresneda, vicesecretario de Administración de UGT-A entre 2005 y 2013, declaró al juez que él no era el encargado de solicitar las subvenciones y que las facturas le llegaban ya elaboradas con el cargo y el programa correspondiente. Fuentes del caso informaron a Efe de que el sindicalista declaró no saber nada de facturas infladas y precisó que la comisión ejecutiva de UGT-A era informada de todo lo que se hacía en la gestión del sindicato.

Antes que Fresneda quedaron libres María Charpín, exsecretaria de Gestión Económica de UGT-A, quien reconoció que era la responsable del equipo que gestionaba las subvenciones pero afirmó que siempre se hizo «cumpliendo la ley». Charpín, en la actualidad miembro de la comisión federal de garantías de UGT, declaró que no sabe nada de las operaciones con las que supuestamente en las compras de grandes cantidades se conseguían unos descuentos que no eran reflejados en las facturas y que quedaban a disposición del sindicato.

Ayer también compareció ante el juez Dolores Sánchez Montaño, encargada de compras en el sindicato, quien explicó que su trabajo consistía en recibir el listado de necesidades, comprobar si existía presupuesto y encargar los correspondientes servicios.

El juez mantiene bajo secreto sumarial este caso que, según la Guardia Civil, consistía en un fraude en las subvenciones recibidas de la Junta que se hizo «de manera sistemática año tras año» hasta perfeccionarse y convertirse en «la vía más importante para la financiación de este sindicato».

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