La venta de tabaco de contrabando alcanza en Andalucía una media del 38,3 por ciento del mercado, aunque la cifra es incluso mayor en provincias como Sevilla, Cádiz, Málaga o Huelva, donde supone el 40 por ciento, según las estimaciones de Altadis, que ha presentado este martes en Granada la jornada 'La lacra del tabaco ilícito: un problema de todos'.

Según la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo, en Jaén, el porcentaje es del 4 por ciento, idéntico que en Granada que, aunque no es una de las "más afectadas", para esta provincia la penetración del tabaco ilícito supone "una seria amenaza" por su "tradición agrícola tabaquera".

En su intervención, Ingelmo ha manifestado que "es fundamental que los sectores público y privado se unan para lograr concienciar a la sociedad sobre el perjuicio que causa a todos la compra de tabaco de contrabando". Según ha indicado, al sector, "al traducirse en pérdidas para nuestra industria, cierre de establecimientos y en consecuencia, aumento del desempleo"; y a la Hacienda Pública, y en definitiva a la sociedad, "por la fuerte pérdida recaudatoria que supone no sólo para el Estado sino también para las distintas comunidades autónomas, ya que la recaudación en materia de Impuestos Especiales sobre las labores del tabaco está cedida en su 58 por ciento a las comunidades autónomas".

Asimismo, ha alertado de los problemas para los menores, "ya que toda la regulación existente para impedir el acceso al tabaco por parte de los menores de edad, no se aplica en los lugares donde se vende tabaco de contrabando".

Igualmente, ha señalado que "es recomendable que las autoridades fiscales vecinas, como son las de Canarias, Gibraltar y Andorra, se animen a introducir un impuesto mínimo que evite haya en sus mercados marcas muy baratas (las conocidas como 'illicit whites'), lo que seguro se traducirá en una reducción del contrabando al verse incrementado su precio".

A estos encuentros organizados por Altadis, que han tenido lugar también en Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva, han asistido numerosos estanqueros, un colectivo especialmente castigado por esta "lacra", así como autoridades locales, miembros de la Agencia Tributaria y representantes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.