La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por las presuntas facturas falsas ha permitido definir «diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato». De esta forma, se considera que «la vía más importante en la financiación» de UGT-A «podría haber sido esta presunta práctica ilícita».
En un comunicado de prensa, la Guardia Civil informó de que la segunda fase de la operación Cirene desarrollada ayer y saldada con catorce detenidos y seis registros abarca el análisis de los fondos de formación otorgados por la Junta de Andalucía mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos doce años.
Las investigaciones han podido definir diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato, unos procedimientos que «eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización».
Mientras, el sindicato aseguró ayer que respeta la investigación judicial y apuntó que la central sindical es «la primera interesada en aclarar lo sucedido». «Somos los primeros interesados en que todo se aclare y confiamos plenamente en la acción de la justicia», aseveró en un comunicado el sindicato, que precisó que durante toda la jornada la actividad en UGT-A fue la habitual.
Reiteró su «absoluta colaboración» con la justicia y cuantas administraciones públicas lo soliciten, tal y como expresó la actual ejecutiva desde su nombramiento el pasado mes de enero. Asimismo, pidió celeridad en las investigaciones «para que este caso se resuelva cuanto antes».
Fuentes de la investigación indicaron a Europa Press que dentro de esta operación no se prevén más detenciones «por ahora».
