21 de octubre de 2014
21.10.2014
La Opinión de Málaga
Nueva financiación

La Junta aprueba un nuevo modelo de gestión para las escuelas de hostelería

Prescindirá a partir de enero de la participación de los ayuntamientos – Continúa el caos y los impagos en los centros

21.10.2014 | 18:39
Imagen de archivo de la escuela de hostelería de Benalmádena.

­La Junta de Andalucía ha dado un nuevo paso para asumir en solitario, y a través de una agencia pública de nuevo cuño, la gestión de las escuelas de hostelería, que hasta ahora administraba en consorcios en los que también estaban presentes empresas y ayuntamientos.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer las bases que permitirán constituir el nuevo modelo a partir del próximo enero. Los mecanismos puestos en marcha por la Junta coinciden, no obstante, con la acumulación de problemas financieros por parte de las escuelas. Mientras la administración acelera para redefinir la gestión, el caos se apodera de las aulas. De hecho, ninguno de los centros, salvo La Cónsula, que estuvo en pie de guerra durante la pasada primavera, ha iniciado todavía el cuso escolar. Además, se dan casos como el de La Fonda, en Benalmádena, donde los trabajadores llevan ya más de cuatro meses sin cobrar.

Con la sesión de ayer, el Gobierno andaluz autoriza la disolución de los actuales consorcios, cuya gestión será asumida por la nueva Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación, creada en virtud de un decreto ley aprobado también durante la jornada.

El nuevo modelo, escribe la Junta en un comunicado, prescinde de la participación de los ayuntamientos siguiendo las indicaciones de la Cámara de Cuentas y las nuevas leyes estatales del sector público y de la reforma local, que prohíben la participación de las corporaciones locales en consorcios cuya finalidad no coincida con sus competencias.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, informó en la rueda de prensa posterior al consejo, celebrado en Sevilla, de que el cambio de modelo pretende garantizar la «viabilidad económica» de los consorcios, que ya no funcionarán mediante subvenciones sino que serán «financiados al cien por cien» por vía presupuestaria ordinaria.

Según detalla la Junta, Será la propia administración autonómica la que asegure, a través de la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (APAEF), la continuidad de su oferta formativa. Además, se buscarán acuerdos de colaboración con el sector privado para garantizar la contratación de los alumnos.

La nueva agencia asumirá íntegramente la gestión, infraestructuras y equipamientos de estos centros, vinculados a sectores económicos relevantes de la comunidad autónoma y promovidos desde 1991 por la Junta, las entidades locales y las empresas. Por otro lado, también desarrollará e impartirá las acciones que determine la programación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en materia de Formación Profesional de excelencia.

Aunque el anterior modelo incluía la participación de los ayuntamientos, el portavoz aseguró que éstos «nunca» hicieron sus aportaciones económicas y, al ser preguntado sobre los impagos de la nóminas en las escuelas de hostelería, alegó que la Junta está «trabajando para dar estabilidad» y el nuevo modelo de consorcios aprobado ayer es, en su opinión, una fórmula que contribuirá a ello. «La incorporación a la nueva agencia pública supone estabilidad para los docentes, antes ha habido una aportación casi nula de los ayuntamientos y sería bueno que estos también fueran corresponsables de los compromisos a los que llegan», puntualizó.

A su juicio, con los decretos aprobados ayer se ha dado «un paso muy importante» para resolver este conflicto. En este sentido, aseveró que, a pesar de los impagos, existe una apuesta por la Junta para rescatar a los centros de la delicada situación que padecen y mejorar la formación.

Adecuación con la ley El anterior modelo, que incluía la participación de los ayuntamientos, no puede continuar aclara la Junta, por las indicaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como por las distintas medidas de rigor y transparencia en la gestión pública de la FP para el Empleo que ahora exige el Gobierno andaluz, entre ellas la no exceptuación de estar al corriente de las justificaciones de expedientes previos, recordó Vázquez.

La reorganización aprobada obedece también a las limitaciones que las nuevas leyes estatales del sector público y de la reforma local imponen a la participación de los ayuntamientos y diputaciones en los consorcios.

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